La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió el informe ‘Estado de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe’, donde se revela que la conexión a internet aumentó en los últimos cinco años, pues los habitantes de la región usaron 20 % más la red en 2015 respecto a 2010.

En términos de calidad del servicio, no hay ningún país en América Latina y el Caribe que tenga al menos el 5 % de sus conexiones con velocidades mayores a 15 Mbps, una velocidad que en países avanzados es cercano al 50 %.

Los países que tienen más porcentaje de hogares con acceso a internet actualmente son Costa Rica, Uruguay, Chile y Argentina, todos estos con un 60% de conectividad y Argentina, con un porcentaje superior al 55%. Los países que tienen las cifras más bajas de acceso a internet por hogar son Guatemala, El Salvador y Nicaragua, todos ellos con menos del 20% de conectividad.

PARAGUAY: EN LO BAJO Y LO ALTO

Chile, Uruguay y México son los tres países de la región con las mejores velocidades de internet fijo en toda la región, mientras que Bolivia, Paraguay y Venezuela son los tres últimos clasificados de esta medición.

Entre tanto, Paraguay, Perú y Chile tienen las velocidades de internet móvil más altas de la región. Paraguay resalta con una velocidad de 6,1 Mbps por encima de los demás países que tienen una velocidad promedio de entre 2 y 4 Mbps.

Ante esta llamativa situación de nuestro país, que se encuentra en el fondo de la lista de internet fijo pero lidera el móvil, la presidenta de la Conatel, Teresita Palacios, indicó a la redacción de HOY que esto efectivamente es el caso del Paraguay, pero rechazó las cifras dadas a conocer. Se preguntó de dónde Cepal sacó los números acerca de la conectividad, ya que no son los que maneja su institución. Reconoció que en internet fijo la penetración está muy por debajo de lo deseado, ante la poca inversión y también por el interés de los ciudadanos de navegar solo en la red a través de los teléfonos móviles.

En cuanto al último punto, Palacios ahondó al indicar que el megabit por segundo en relación a la conectividad es mejor al que expone la Cepal. “No sé de dónde hicieron esa medición para hacer esa precisión”, dijo y comentó que el valor de 6,1 Mbps corresponde a mediciones que realiza Akamai, con criterios técnicos propios lo cual desconocen, pero que están investigando. Sin embargo, explicó que la Conatel realizó mediciones en varios puntos del país y la velocidad máxima en 4G en Asunción y Central es de 23 Mbps, en Caaguazú y Cordillera llega a los 25 Mbps. En cuanto al promedio de ambas velocidades, acotó que depende de diversos factores, entre ellos figura la cantidad de personas en un punto específico.

“Hay momentos donde todos están colgados. Hoy en día hay una modalidad donde la gente no habla más de línea a línea, sino que ya utiliza WhatsApp para llamar. Es una locura, es una fiebre, pero luego no sabe cómo consumió todo su saldo de navegación, a no ser que use el WiFi de algún lugar”, dijo en otro momento.

LAS CIUDADES CON 4G Y LOS BENEFICIADOS

Así también celebró que la implementación del 4G ocasionó que más personas accedan a Internet de forma más rápida. “Con eso cambió muchísimo porque hay más cobertura”, dijo al momento de agregar que también conlleva a imperantes beneficios sociales, que serán implementados primeramente en Asunción y Central. Explicó que impusieron en el pliego de bases y condiciones, que las empresas que ganaron la licitación del 4G (Tigo y Claro) den computadores con la tecnología de cuarta generación y subsidio con conectividad para estudiantes de las universidades, en especial del sector de enseñanza pública, y también para la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública.

Hasta el momento las ciudades que poseen el 4G de los operadores habilitados para el efecto son 27: Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Capiatá, Areguá, Lambaré, Luque, Villa Elisa, Encarnación, Cambyretá, Minga Guazu, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, Presidente Franco, San Bernardino, Caacupé, San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo, Concepción, Pilar y Saldo del Guairá.

Actualmente existen 300.000 usuarios aproximadamente que disfrutan de la conexión más rápida, según estiman los técnicos de la Conatel. “Hay mucho dinamismo en la sustitución de terminales que soportan solo el 2G o el 3G, a terminales 4G. Algunos soportan simultáneamente también el 2G y el 3G”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.