Juan Rafael Caballero fue elegido como el nuevo Procurador General de la República, según anunció el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, en entrevista con el canal Gen. “En minutos más saldrá el decreto de nombramiento de Juan Rafael Caballero como nuevo procurador general de la República”, confirmó.

Caballero suplirá el espacio vacante tras la escandalosa salida de Sergio Coscia, quien terminó renunciando tras exponerse la negociación entreguista entre Petropar y una empresa argentina. Villamayor calificó de una gran pérdida y un hecho lamentable esta dimisión, al momento de recordar que ambos compartieron en un estudio jurídico por más de 20 años.

Dijo desconocer cuál será el rumbo del titular de Petropar, Denis Lichi, y afirmó que no llegó a ver sus tuis, mediante los cuales pretende apartarse del escándalo y echar toda la culpa a Coscia.

A espaldas del presidente de la República Mario Abdo Benítez y del propio Ministerio de Hacienda, el ahora exprocurador Sergio Coscia avaló un sospechoso acuerdo conciliatorio extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina.

Texos Oilr SRL planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual exigiendo su derecho a cobrar, sin fundamento, poco más de US$ 30 millones por el incumplimiento de un contrato que en realidad nunca se firmó.

En los reclamos figuran gastos de licitación, obligaciones con otras empresas proveedoras, reclamos laborales de trabajadores dependientes, lucro cesante y pérdida de chance. La demanda fue radicada ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la capital.

El propio Sergio Coscia reconoció que ni el jefe de Gabinete Civil Juan Ernesto Villamayor ni el presidente Mario Abdo, ni el ministro de Hacienda Óscar Llamosas estaban al tanto de este acuerdo.

Sin embargo, tras la denuncia presentada por el programa La Caja Negra el documento tomó estado público y el jefe de Estado se comunicó con Coscia y le pidió revisar el documento y corregir lo que corresponda. Finalmente la Procuraduría General de la República comunicó la imposibilidad del cumplimiento del cuestionado acuerdo con la empresa argentina Texos Oil.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.