La citada propuesta legislativa, elaborada por el Ministerio de Hacienda, se enmarca en una serie de proyectos impulsados por el Gobierno Nacional, en el marco de la trasformación del Estado, con el objetivo de lograr el uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la entrega de los servicios a la ciudadanía.

El proyecto incorpora reglas claras y herramientas que permiten el fortalecimiento de la prestación de servicios misionales y una optimización de los ámbitos financieros y de apoyo operativo de las instituciones.

Además de buscar la eficiencia y modernización, también contribuye a la mejora de la calidad del gasto a través de una coordinación más eficiente en la forma de trabajar de los entes públicos por medio de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de las políticas y la rectoría sectorial.

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Entre las principales innovaciones que propone el proyecto se incluyen:

1) Normas y criterios generales que orienten de forma explícita la estructuración del Estado, enfocados en torno a un paradigma de racionalización que justifique cualquier creación y modificación de estructuras administrativas sobre la base de las necesidades públicas, la disponibilidad de recursos y el interés general de la ciudadanía.

2) Se definen cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para aprobar la creación, modificación de las cartas orgánicas de los organismos y entidades del Estado, así como las normas de organización en general (creación de unidades dependientes, funciones, etc.).

3) Se establecen los contenidos básicos de las cartas orgánicas y los requisitos de creación de dependencias administrativas.

Además, el proyecto de ley clasifica los ámbitos de la organización según el tipo y naturaleza de funciones, establece los medios de control de acuerdo a la naturaleza de las distintas estructuras administrativas del Estado y regula la resolución de controversias o conflictos entre instituciones. Un tema relevante es la regulación de las potestades de los ministerios en la rectoría, así como en la coordinación del sector, salvo los casos en que la ley otorgue esa potestad a otros organismos o entidades.

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Asimismo, se regulan normas sobre figuras como la avocación, desconcentración del ejercicio de competencias y delegación de firma, que posibilitan a las autoridades delegar o asumir atribuciones para agilizar la gestión, sobre las cuales no existen regulaciones al respecto.

A solicitud del equipo de transición del gobierno electo, el proyecto prevé la inclusión de mandatos de carácter especial de reordenamiento institucional, orientados a la combinación de recursos, funciones y responsabilidades de instituciones estratégicas del Poder Ejecutivo, que complementan a los demás instrumentos incluidos al proyecto marco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.