Este jueves fue publicado en la Gaceta Oficial de la Presidencia el documento que reglamenta la Ley 6534/20 “de Protección de Datos Personales Crediticios”.

Dicha normativa había sido sancionada el pasado mes de septiembre tras el rechazo de las cámaras de Senadores y Diputados al veto del Poder Ejecutivo.

La conocida como “Ley de Informconf” apunta a garantizar la protección de datos crediticios de toda persona y controlar a las empresas que revisen el historial de créditos o préstamos de aquellos que se postulen para alguna vacancia laboral.

Uno de los mayores problemas a los que deben enfrentarse muchos buscadores de empleo es la negativa de las empresas a contratar personal que tenga historial de morosidad y figure en los registros de Informconf.

Enrique López Arce, director de la Oficina de Empleo de la ANR, celebró esta noticia y sostuvo que con esta nueva ley, esa discriminación laboral podrá ser controlada y sancionada por las respectivas entidades reguladoras.

El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) son los organismos encargados de la aplicación de esta normativa que entra oficialmente en vigencia a partir de ahora.

Anteriormente Equifax (la empresa que administra Informconf) no tenía ningún ente supervisor, ahora el BCP se encargará de esta tarea y verá los mecanismos que aplicará para dar cumplimiento efectivo a la ley, refirió.

La ley contempla multas de hasta 15.000 jornales mínimos y, en caso de reincidencia, el monto será el doble del inicial. Asimismo, prevé que los datos de la deuda de una persona podrán permanecer registrados durante 5 años. Tras cumplirse dicho plazo, se pueden guardar a efectos estadísticos pero sin identificar a quién corresponden.

A partir de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Crediticios, el ciudadano podrá acceder sin costo a su historial completo de Informconf. Para el efecto, tendrá habilitada la línea telefónica (021) 439 9000 donde, luego de confirmar sus datos, podrá pedir el envío del documento vía email.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.