En conferencia de prensa, el doctor Aníbal Filártiga indicó que 613 personas fueron atendidas, de las cuales 65 pacientes fueron operados durante la Semana Santa. Lamentó que se trata de “cifras angustiantes y decepcionantes” las que registraron.

“La Semana Santa no fue lo que esperaba como resultado de tantas plegarias, porque el número de atendidos fue mayor al esperado”, dijo al momento de manifestar su alarma porque en el 2015 fueron al lugar 381 pacientes y en el 2016 unos 573.

Filártiga detalló que 53 de 88 accidentados en moto no usaba el casco. Esta situación va acrecentándose de manera sostenida, atendiendo que en el año 2015 se atendió a un total de 60 motociclistas accidentados y en el 2016 a 73 ciudadanos.

En la terapia intensiva de adultos y pediátrica hay 21 camas, de las cuales 18 están ocupadas por pacientes con traumatismos de cráneo grave, por andar en motos sin el protector. Con relación al área de pediatría en terapia intensiva, de las ocho camas, en seis están niños con politraumatismo por ir en los biciclos sin el respectivo casco.

“Muchos dirán que estoy obsesionado con los cascos, y que tengo comisión con la venta, pero el 90% de camas está ocupada por gente que iba en moto sin casco; entre adultos y niños”, acotó.

Un dato no menor, es más se trata de uno muy grave, es que más de la mitad de los que están en terapia intensiva quedará inválida, según estimó el director del Hospital del Trauma.

En el 2015, hubo seis muertes en el Hospital del Trauma. En el 2016, solo tres fallecidos. En este año hay 10 decesos, de los cuales 5 fueron a causa de accidentes de tránsito, de acuerdo a los datos dados a conocer a los medios.

Filártiga argumentó que falta un control y castigo ejemplar a los contribuyentes en los municipios. “Hay nubes de motociclistas sin casco en el interior y con hijos prendidos como monos al cuello del que maneja. Eso es inconsciencia, impunidad y falta de educación cívica”, criticó.

La gente irresponsable ocasiona un gasto al Estado de 100 millones de dólares de forma anual, según la autoridad. “Yo ya usé todos los términos que podía, dije que estamos podridos de atender a irresponsables, no es que no nos guste nuestro trabajo, sino que nos desvivimos y deslomamos por esto. Acá hay mucha gente dedicada”, dijo por último.

Según el reporte del departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, 34 fallecidos dejó el fin de semana largo. En la mayoría de casos, se trata de los accidentes de tránsito, al contabilizar 23, de los cuales 16 corresponden a los motociclistas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.