Por La Nación.

Fabián Ramírez Mora, representante legal de la hija de Rodrigo Quintana, dijo que desde en principio su colega Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de los padres de la víctima y a la vez del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se aprovechó del crimen para sostenerlo como una bandera política para bene­ficiar al mencionado partido, según sus declaraciones en el programa “A punto”, de Uni­verso AM.

“Mientras nosotros trabajamos de manera técnica, a puro pulmón, buscando la verdad y hacer justicia contra los autores, él (por Duarte) es pagado por el PLRA y antes de llevar el caso en el ámbito penal, usó el crimen para réditos políticos”, manifestó Ramírez Mora.

En otro momento, manifestó que Duarte Cacavelos siem­pre mantuvo un direcciona­miento político en la presente causa, como si se olvidara de una conducta penal y de bus­car a los autores del crimen, estuvo mucho tiempo marcando las pautas.

“Siempre tuvimos esa dis­cusión con el abogado de los padres de la víctima, ya que nosotros actuamos penal­mente y mientras él buscaba otra cosa, en todo momento había fricciones, inclusive nos quiso apartar del caso, pese a que nosotros somos preferencialmente la ver­dadera querella. Es por eso que en vez de ayudarnos en el proceso, siempre entorpecía todo lo que presentábamos”, explicó Ramírez.

El abogado también explicó que Duarte Cacavelos, junto con la fiscala Marlene Gonzá­lez, quien es su amiga íntima, ya en seis meses debían de haber acusado, ya que tuvie­ron supuestamente todas las pruebas; sin embargo, la agente del Ministerio Público pidió seis meses más de plazo para acusar y coincidente­mente en esos seis meses el caso no se usó para cuestio­nes penales, sino políticas, ya que era un año netamente eleccionario, y que Efraín Alegre se embanderó con la muerte de Quintana para su campaña política y su abo­gado para ser senador.

“Se malgastó ese tiempo, los seis meses de prórroga que pidió la Fiscalía, para realizar campañas políticas”, mani­festó el abogado Ramírez Mora.

En otro momento, dijo que en ese tiempo pensó que ya se había investigado todo, que el Ministerio Público ya tenía todos los elementos para acu­sar; sin embargo, con la apari­ción de nuevas imágenes, los hechos se ponen en duda, ya que existen varias cosas que aún se tienen que investigar.

“No querían reconstrucción de los hechos, solo cruce de llamadas de políticos”

A decir del abogado Fabián Ramírez Mora, los repre­sentantes legales siem­pre pidieron al juzgado la reconstrucción de los hechos para conocer a cien­cia cierta los hechos de los protagonistas de aquella trágica madrugada, mien­tras que el abogado Gui­llermo Duarte Cacavelos se opuso a la reconstrucción y solo estaba interesado en el cruce de llamadas que invo­lucraba a los políticos del gobierno de aquel entonces para, de esa manera, dejar bien parado al PLRA y de hacerlo víctima.

“Duarte Cacavelos siempre empujó la situación hacia el cruce de llamadas para invo­lucrar a los autores políticos de aquel momento en la men­cionada causa, no le interesa lo que corresponde el ámbito penal”, dijo Ramírez.

Sostiene que con la recons­trucción de los hechos se podrían precisar todos los entretelones de lo que había ocurrido ese día, con los mismos protagonistas del caso, como ser los tres poli­cías que ingresaron aque­lla noche. Dijo que se puede precisar el ángulo de los dis­paros, la trayectoria y todo lo que conlleva la situación en sí. Es más, se podría rea­lizar un careo entre Gustavo Florentín y Arnaldo Báez.

EL MINISTERIO PÚBLICO NO VERIFICÓ TODAS LAS FILMACIONES

En un informe pericial realizado por el perito Gustavo Gómez Rambado, en el caso del crimen de Rodrigo Quintana, se ponen en duda todos los elementos magnetofónicos que llegaron a su poder como pruebas recolectadas en el mencionado hecho registrado el 1 de abril del 2017.

En el informe técnico 52/17 presentado como prueba por el Ministerio Público se indica que se procede a la copia de los archivos de filmación y fotogramas extraídos de dos pendrives, pertene­cientes a las cámaras de seguridad del local del PLRA.

Uno de los pendrives es de la marca Toshiba, de 32 GB, que contiene el recorte de los primeros planos de mejor visualización de las personas y objetos, hasta el máximo de capacidad que per­mite el video. Como también otro elemento de la marca Sandisk.

En cuanto a estas pruebas, el perito hizo constar en su informe: “Sobre la base de los dispositivos aportados, los elementos de prueba han llegado a nuestro poder, respetando la cadena de custo­dia, en ese informe técnico, según las diligencias realizadas y según nuestro leer, saber y entender, haciendo las reservas de otros antecedentes que pudieran existir y que esta unidad técnica no ha visto, informo que he dado cumplimiento a la comisión que me encomendara en esta causa con la entrega del presente informe”, dice el perito, que lleva la firma de Gustavo Gómez Rambado.

Esta ventanita que dejan los peritos pudiera ser el elemento que puede servir a los fiscales para lavarse las manos sobre las frágiles pesquisas que se hicieron en el proceso, remarcó la defensa de la heredera del extinto dirigente liberal. Puede ayudar para un salvataje a los fiscales, señaló Ramírez, quien reiteró que a la vista está que la Fiscalía no profundizó en la investigación del cri­men de Quintana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.