“El Día de San Valentín no es un privilegio exclusivo de las parejas heterosexuales. Venimos a hacer visibles otras formas de manifestar amor que por lo general se obvian en esta fecha”, afirmó López, uno de los portavoces de la organización Somosgay, dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGTB en Paraguay.

La asociación festejó por primera vez este año el día de los enamorados con conciertos de grupos nacionales en la plaza situada junto al Panteón de los Héroes, donde descansan los restos de los próceres paraguayos.

“Se trata de establecer un diálogo con todos los ciudadanos. No es un festival sólo para homosexuales, sino que queremos abrir un puente para conversar con la ciudadanía”, manifestó López.

Contó además que en muchos establecimientos del centro de Asunción “las parejas del mismo sexo son expulsadas bajo la excusa del derecho de admisión”.

El activista lamentó la “discriminación” y la “violencia sistemática” de la que son objeto los hombres y mujeres homosexuales, bisexuales y transexuales en Paraguay, como fruto de una “homofobia arraigada” en el país.

Detalló que esta violencia afecta de un modo especial a los adolescentes y jóvenes, que son más vulnerables por la dependencia económica que mantienen con su familia y que les impide emanciparse y asumir su opción sexual esquivando los prejuicios de su entorno.

También apuntó que muchos de estos jóvenes padecen acoso escolar por su orientación sexual o su identidad de género, a veces incluso por parte de los docentes, según expresó.

“Sólo a finales de 2014 se registraron tres suicidios de adolescentes que sufrían acoso homófobo. Y cada semana, el centro de denuncias de Somosgay recibe entre tres y cinco consultas de víctimas de discriminación, en su mayoría jóvenes”, ilustró López.

El portavoz de Somosgay exigió al Estado la puesta en marcha de una ley contra toda forma de discriminación, una iniciativa que ya fue rechazada en el Parlamento paraguayo el pasado mes de noviembre.

Además, Paraguay evitó adherirse a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena la discriminación contra personas por su orientación sexual y que se

votó en junio de 2014 durante una cumbre del organismo internacional en Asunción.

Paraguay es el único país de la región que no posee una legislación contra la discriminación, según denuncia la organización de protección de los derechos humanos Amnistía Internacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.