Fuente: La Caja Negra

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado en relación al allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de éste último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.

En su pronunciamiento, el BCP avala íntegramente la postura asumida por el Superintendente de Bancos y respalda el accionar el cuestionado funcionario al asegurar que el Ministerio Público aún carece de acceso a las informaciones, los datos y documentos de terceros que obran en poder del BCP, salvo mediante orden de autoridad judicial competente.

En su escrito, expone que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos y sus demás órganos, colabora regularmente y sin demora con el Poder Judicial, el Ministerio Público y los demás entes de control establecidos por Ley, pero que el BCP está constreñido por la Ley a guardar reserva sobre datos y documentos de terceros, por lo que ciertos informes únicamente pueden otorgarse a los sujetos exceptuados en el artículo 7º de la ley 489/95, en la redacción de la ley 6.104/18.

En la parte final su comunicado, la banca matriz despliega un apartado en el que explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose facultades del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justificar la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas.

En ese sentido, esgrime que en Paraguay la ley distingue entre “el deber del secreto del BCP, respecto de las informaciones, datos y documentos a los que acceda por virtud de sus funciones” y “el deber de secreto de las instituciones de intermediación financiera u otras entidades supervisadas por el BCP, respecto de las operaciones de sus clientes”.

De esta manera, el BCP avala la decisión de ocultar a la justicia información clave referida a un presunto caso de lavado de dinero tal como expuso en su escrito el superintendente de Bancos, Colmán Rojas.

BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI

El Banco Central con la negativa de proveer información al Ministerio Publico sobre un presunto caso de lavado de dinero no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales.

Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones:

“Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.

No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos, por ejemplo reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.