El fiscal Héctor Velázquez manifestó a radio Universo 970 AM que estaba investigando la denuncia presentada por el ganadero Rolando Ismael Fernández, quien no abonó una coima de 480.000 dólares al Indert para conseguir la titularidad de unas tierras fiscales y un grupo comando de malvivientes lo fue a desalojar del sitio donde realizó millonarias inversiones.

El investigador comentó que fue una vez en el sitio y que estaba en plena tarea indagatoria cuando fue recusado por una de las partes, lo que paralizó su causa.

“Acá las distancias son enormes”, respondió cuándo se le consultó por qué no se actuó ante un caso evidente de flagrancia, ya que pasaron dos semanas de la denuncia y el caso no avanzó. “Muchas veces para llegar a un sitio hay que pasar por otras propiedades. Comisaría jurisdiccional no tenés cerca. La comisaría está a 200 kilómetros y la sede fiscal está a 300 kilómetros del lugar del hecho”, justificó.

Así también alegó que cuando se trata de un inmueble del Indert que aún no fue titulado a favor de los ocupantes (tal como es este caso), la Fiscalía no puede intervenir por invasión, pero sí otros delitos. En esta causa, la denuncia presentada por el ganadero es por coacción, robo agravado y abigeo.

“Otorgué una orden a la Policía para que haga la pesquisa y luego esperar el informe. Hay que tener en cuenta que las distancias son enormes acá. La Policía se fue a hacer una investigación, porque sin orden judicial no puede ingresar a los predios y los portones están cerrados”, dijo.

El representante de la Fiscalía contó que entonces solicitó una orden de allanamiento y el juzgado lo concedió. Ahora solo espera ser confirmado en el cargo para poder realizar la inspección del lugar.

Por otra parte, el fiscal Velázquez comentó que también está investigando la otra denuncia por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, presentada por el ganadero Rolando Fernández contra Enrique Gómez de la Fuente, exdirector de la Región Occidental del Indert, Horacio Torres, titular del Indert, y otros cuatro presuntos prestanombres.

Al respecto señaló que el Indert es el titular de la tierra, porque tanto el denunciante como el denunciado hasta el momento no muestran la titularidad del inmueble.

El agente del Ministerio Público dijo que posee numerosos casos similares de invasiones en el Chaco paraguayo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.