Por Óscar Lovera, periodista.

Aguas arriba, en el margen izquierdo del río Paraguay, muy cerca del Peñón que une al barrio limpeño con la chaqueña ciudad de Villa Hayes, ahí flotó y era algo desmesurado para un pez muerto, la corriente no lo inmutaba, y lo condujo a su segunda hipótesis: un cadáver. Era frecuente encontrarlos. Muy pocas veces se sorprendían, los pescadores conocían el desenlace porque las estadísticas del verano se dispararon. Y aunque el invierno estaba presente, los ahogados no cesaban. La correntada los arrastraba hasta ese sector, donde las aguas eran más tranquilas, donde la pesca se imponía a diario.

Esa mañana del 15 de julio del 2011 estaba imperturbable, hasta ese instante. El cielo abierto, el clima fresco. Viento suave, solo el paso del agua –tenue– con sigilo melodioso rodeaba la fauna que quedó inerte por el hallazgo.

Hilario Ibarra llevaba dos décadas viviendo de lo que las aguas le permitían. La pesca fue su fuente de manutención por años y un cazador de infortunios por efecto colateral, como en este caso.

Su experiencia le indicaba que varaba por ese margen –al menos– una semana. El resto lo hizo la Prefectura Naval, Hilario los llamó anunciando otro “pique grande”. Pronto el olivo de la máquina acuática cortó la racha de semblante pacífico en ese paraje. Pero aún quedaba resto para sorprenderse.

PESO MUERTO

Veintinueve kilos de piedra, como peso neto fuera del pesaje del cadáver. No fueron suficientes para mantener el cuerpo en el fondo del río, no evitó que el camalote lo arrastre hasta la orilla, al lugar donde Hilario usualmente pescaba. Como parte de su ritual místico murmuró que el destino lo pone para rescatar a los extraviados, aquellos que al agua se niega a olvidar.

Estaba irreconocible, no pudieron encontrar nada entre sus pertenencias. La descomposición natural hizo lo suyo, dejando a la ciencia y policía el complejo trabajo de encontrar su identidad, por sobre todo precisar qué provocó su muerte, una venganza latente o una deuda impaga a empresarios del hampa.

En dos cuartos de hora, los agentes de Policía estaban con sus balizas destellando presencia en la playa, solo aguardaban por el fiscal para comenzar con la primera examinación. Para ese entonces, el instinto obligaba a descartar un accidental ahogamiento; a este hombre lo asesinaron, reconocieron.
Más sorprendidos estaban los policías, más que el propio pescador. En las últimas semanas no recibieron reportes de personas desaparecidas, ¿quién era este hombre, qué hizo para terminar ahí?

Su identidad les provocaba intriga. Atado de manos y pies, vestía una remera de mangas largas, de color rojo, y unos jeans azules. Al azar juzgaron su edad, 30 años aproximadamente.

SOSPECHAS SIN SALIDA

Acostumbrados a las denuncias por abigeato en la zona, los agentes encontraban un atisbo de sospechas en la clandestina industria frigorífica, aquella que robaba ganado vacuno, lo faenaba y ubicaba en todas las carnicerías del departamento Central, en todas las que podían. Quizás, el cadáver correspondía a alguien que no quedó bien en esa organización de facinerosos; su fin fue varar en el río junto a las piedras en cuya acción estéril lo quisieron desaparecer. Eso sí, constituía una indiscutible marca de venganza.

El cuerpo ocupó un día completo sobre la fría camilla de acero, en la morgue judicial en la ciudad de Asunción. El ciclo de descomposición fue recio y preciso, complicando identificarlo por sus rasgos faciales. La putrefacción de los cuerpos se establece en cuatro etapas; éste atravesaba la segunda: “hinchado”, eso agregaba la complejidad para descubrir su identidad.

El agua aceleró el proceso y los gases como el dióxido de carbono, metano o ácido sulfúrico, que encuentran salida en los orificios naturales, generan el fuerte hedor, desgarran la piel y suman complicaciones para saber quién es.

Pero aquella segunda etapa no destruía todos los rastros, la huella dactilar fue el camino para obtener su filiación. Tardaría por el vetusto proceso policial, pero llegaría. Al día siguiente del hallazgo el reporte cruzaría la oficina de la fiscala Rosa Heinroth.

–Lorenzo Ramón Reyes Florentín, un joven de 29 años comerciante y estudiante de contabilidad– leyó en voz alta la investigadora. Habían dado el primer paso para saber de quién se trataba. Lo siguiente era cerrar el círculo de investigación en él. Pareja sentimental, familia cercana, lejana, amigos, socios comerciales, laborales. Todo lo que establezca una relación de proximidad era blanco de las sospechas, todos podían ser los asesinos en ese momento.
–Él no tenía enemigos, doctora –dijeron los padres de Lorenzo a la fiscala que fue a entregarles las pertenencias del joven, lo que recuperaron entre las prendas que vestía.

Lo velaban en la casa donde creció, en la ciudad de Ybycuí, a 124 kilómetros de la capital. Entre el pesar, los saludos de los vecinos y la familia, los progenitores revelaron una herida abierta, una creencia que sostenían sin dudar. A Lorenzo lo condujo a la muerte su pareja, esa idea no podían cambiarla de sus cabezas.

ELLA SABE MÁS

La desavenencia era palpable en medio de la tristeza. El cambio de ánimo fue notable y transversal, apenas Jorgelina Prieto Ferreira cruzó el portón metálico de la casa. Ella fue la esposa de Lorenzo, madre de su hija, y por mucho tiempo trabajó en España para mejorar sus finanzas. En el 2004 le ofrecieron el puesto de doméstica en una vivienda en las afueras de Madrid, y desde ahí hasta el momento en que se enteró de la traición, trabajó duro para juntar cada euro. Ella quería una vida mejor a cambio del sufrido desarraigo.

Regresó luego de unos años, cuando notó que el dinero remesado a su esposo se disolvió en noches de fiesta, tragos, compras superficiales. Eso anticipó su separación, ello fue palpable con simplemente medir las discusiones periódicas que mantuvo con Lorenzo desde que aterrizó en Paraguay.

Fue a partir de ahí que los padres de aquel hombre se aferraron a la duda, la misma que conducía a Jorgelina.

La primera sospecha nacía por la relación que convulsionaba irascible en la pareja y, la segunda, por la certeza que les provocó la obstructiva tardanza en la denuncia por la desaparición de Lorenzo. Nueve días pasaron para que ella reporte sobre él. Fue hasta una estación de policías en la ciudad de Villa Elisa, y en los detalles que entregó en su relato, mencionó que su esposo tenía dos semanas sin llegar a la casa.

Esa noche que llegó Jorgelina para despedir los restos de su pareja, la discusión se mantuvo fuerte. Le recriminaban su reacción, sus peleas y su poca preocupación por los días en que llevó él fuera de la casa, sin comunicarse o notificar dónde estaba. Su respuesta fue enérgica, lo negó ante todos, se sintió atacada y nombró a una mujer como sospechosa –Víctoria, ella fue la que amenazó de muerte a Lorenzo. Con ella mantuvo una relación cuando yo estaba en España, a ella deberían buscar…–, sentenció furiosa Jorgelina y renunció a quedarse más tiempo en la casa.
FALTABA ALGO MÁS

–¿Día largo doctora? –Preguntó el asistente de la fiscala Heinroth. A ella la vio ingresar con el rostro apesadumbrado después de una noche complicada. Las acusaciones de la familia de Lorenzo y los dichos de su esposa no la permitieron cerrar una idea, más bien le sumaron confusas teorías. Necesitaba entender quién podría buscar la muerte de un hombre que a simple vista parecía normal pero su fallecimiento tenía un mensaje mafioso, y lo peor es que aún no descubrió todo. Aún no contaba con el reporte de la autopsia revelando la causa de la muerte y la forma en que sujetaron las piedras a su cuerpo.

Continuará…

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.