La periodista de investigación del diario ABC Color, Mabel Renhfeldt, había realizado una serie de publicaciones en base a presunciones de un supuesto caso de espionaje a una colega de su mismo medio, que había hecho publicaciones sobre altos jefes de las Fuerzas Armadas en agosto de 2016.

En ese entonces, sostuvo en sus publicaciones que se llegaron a traer a la capital equipos de supuestas escuchas telefónicas que eran utilizadas en la zona norte, por parte de los efectivos militares para combatir a los criminales del EPP.

Con el correr de la investigación llevada adelante por la fiscalía se corroboró que en realidad un funcionario infiel de la compañía telefónica Personal, cuyo accionista también es dueño de ABC Color, Aldo Zuccolillo, fue el que filtró el detalle de las llamadas efectuadas desde el teléfono celular de la periodista en cuestión.

En esa ocasión Renhfeldt en una entrevista a ABC Cardinal había declarado lo siguiente: “Para mí es una de las cosas más graves que ha ocurrido en los últimos tiempos en esta vida democrática. Nuestro diario ha demostrado de que manera han espiado el teléfono celular de la compañera, consiguieron reportes completo de a quienes llamaba y quienes le llamaban. Espiaron el celular corporativo, el particular que usaba ella. (…) Es uno de los escándalos más graves de nuestro tiempo democrático. (…) No hay garantía constitucional de inviolabilidad de tu comunicación”.

Sin embargo, Renhfeldt quien hace dos años se preocupaba por la garantía constitucional de la inviolabilidad de la comunicación privada no dudó en divulgar conversaciones privadas con el fin de posicionar a su medio periodístico en detrimento de todo lo que siempre había declarado y es más, presentó como una gran investigación periodística el cruce de llamadas de algunos actores políticos en la noche del 31 de marzo del año pasado, que también lo obtuvo de manera ilegal, sin que el mismo forme parte de la carpeta fiscal o de un pedido judicial.

En el plano internacional, justamente el exjuez español Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en el año 2012. Cuando era magistrado destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje.

Esta situación se dio porque Garzón ordenó grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que incurrió en prevaricación y vulneración de la intimidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que dicha intervención vulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010, afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley “de forma errónea” y, sin motivación alguna, ante la “mera posibilidad” de que los letrados actuaran de “enlaces” de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación “conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa” y con ello, Garzón “transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados”.

Hasta ahora prosigue el juicio por este escándalo en España.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.