Los últimos casos que cobraron visibilidad de violencia sufrida por niñas, adolescentes y mujeres indígenas es solo la punta del ovillo de una situación que se arrastra históricamente contra los pueblos indígenas y es tanta también la violencia sistemática también institucional traducida en la omisión por parte de organismos del Estado de dar cumplimiento a la obligación de proteger a su población, afirmó Tina Alvarenga, antropóloga y especialista en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Y es esa protección que debería manifestarse a través del ofrecimiento real de servicios y políticas públicas para que los pueblos indígenas accedan en igualdad de oportunidades a empleo, salud y educación y el aumento de la pobreza que se ve de por sí en población no indígena es mucho más grave dentro de las comunidades.

“La violencia se evidencia hoy en las muertes de mujeres y niñas y son situaciones que pasa en su gran mayoría el pueblo Mbya que según estudios fueron expulsados del 75% de sus territorio durante largos años y sin una alternativa de proceso de adaptación a nuevas situaciones y es cuando ese desplazamiento forzoso se da en un contexto donde ingresan otros elementos como el alcoholismo y el consumo de otras sustancias vinculadas al consumismo y ese joven indígena hoy está expuesto, ya no está aislado”, explica Alvarenga.

Cuestionó qué hace el Estado paraguayo para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional sobre la protección de los pueblos indígenas.

“Hasta ahora lo que se da es una intervención clasista, asistencialista e inmediatista, hay mucha dejadez del Estado le dan víveres y vuelven a sus comunidades y los dejan allí, lo que se debe hacer es un trabajo de campo, constante a corto, mediano y largo plazo con gente especializada instalada para abordar la realidad desde las comunidades”, apuntó.

Según Alvarenga, los cambios solo se darán cuando se concreten respuestas integrales, inmediatas y urgentes y cuando las autoridades competentes hagan su trabajo, busquen y castiguen a los culpables aplicando castigos ejemplares y no dejar impune la muerte o la violencia ejercida contra los indígenas.

“Si no se actúa y castiga qué señal se está dando a las personas que tienen ese pensamiento y acción de odio hacia los pueblos indígenas? Existe un deseo interno de eliminarnos, hay una hipocresía muy grande de la población que no acepta su raíz indígena”, agregó la especialista.

Apuntó a la necesidad de una mayor sensibilidad por parte de la población y que se haga el seguimiento de los casos y que se castigue el daño causado.

“Se deben dar respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo y no hablar un rato de esto y oparei. No tiene que quedar impune porque eso hace que crezca la ola de violencia y se diga así que la vida de un indígena no vale nada para las instituciones”, señaló.

Una respuesta rápida a la problemática sería mejorar los presupuestos y que estos sean adecuados y destinados a la niñez y pasar de las buenas intenciones articulando y coordinando interinstitucionalmente, con trabajos de campo y que las instituciones como el INDI cumplan una función digna con profesionales capacitados y dejen de tener una función asistencialista, paternalista y en base al chantaje.

“Se deben poner las pilas y coordinar, que tengan un abordaje integral del plan nacional con metas, indicadores y tiempo”, agregó.

Mencionó que existen avances que no pueden negarse como la escolarización, oportunidades y cupos para jóvenes pero al dar un paso adelante se retroceden cinco más por la dejadez del Estado.

Lamentó la existencia de un entorno etnocida que quiere la desaparición como pueblo y cultura y es una realidad no solo a nivel local sino regional. “No es la primera vez, ya tenemos como antecedente el genocidio Ache, los “moros” en el Chaco, le mataban y llevaban como trofeo los soldados, no es la primera vez que se da esto, hoy se plantea de otra forma porque ya no van a matarnos uno a uno como masacre pero es a través de otros medios, las drogas, el proxenetismo, la explotación sexual infantil sin que nadie haga algo”, advirtió.

Alvarenga vivió el desprecio desde que tiene uso de razón hacia los pueblos indígenas que no se manifiesta hacia otros grupos como por ejemplo los corruptos que son los que permiten que falten medicamentos en los hospitales y la gente siga muriendo por dengue por falta de prevención y agregó que pese al perjuicio esto no moviliza a la gente a manifestarse en contra.

Sí valoró que existe una generación joven que intenta solidarizarse y se moviliza aunque sean pocas personas que llaman y dan su apoyo y cuestionó en este aspecto si es que vale menos la vida de una niña indígena que de otra clase social que al pasar una desgracia se movilizan con procesiones, movilizaciones de silencio portando banderas blancas e indignación.

Casos registrados durante este año

Según el Observatorio Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE) son cinco los casos registrados en este año donde hubo violencia y muerte de niñas, adolescentes y mujeres indígenas, el resumen fue elaborado por Fátima Rodríguez a partir de casos publicados en el Observatorio de Igualdad y No Discriminación y son los siguientes:

Niña indígena de 12 años. (24 de febrero del 2020) . La niña fue identificada como Francisca Araújo Cáceres, de 12 años, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Fuente.

Gumercinda Silva. (23 de febrero del 2020). Comunidad Vyapave, distrito de Azotey, departamento de Concepción. Fue hallada muerta y aunque se informó como suicidio, sus familiares no creen que haya sido un suicidio sino un feminicidio.

Carolina Espínola (Viernes 21 de febrero del 2020). 23 años. De la etnia guaraní que sobrevivía de la venta de artesanía en los semáforos de las esquinas de la ciudad de Asunción, fue encontrada muerta en los fondos del Parque Caballero. Aunque se habló de suicidio, no se descartan otras causas.

Embarazada y niña abusada. (30 de enero del 2020) Una mujer indígena embarazada y una niña de 11 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de las autoridades comunitarias. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Boquerón, de la localidad de Jorge Sebastián Miranda, ex Jhugua Ñandú, del departamento de Concepción. Lleva el caso la fiscala Ondina Cabral. El autor fue detenido, pero las víctimas se encuentran amenazadas.

Adolescente indígena (28 de enero 2020) fue encontrada maniatada y son signos de abuso sexual en un local de una cervecería ubicada en Hernandarias, entre Estrella y Palma. Se llamó al SEME, pero no llegaron, según el relato del comisario, se le pudo llevar en la patrullera con presencia femenina. Se detuvo a una persona como responsable.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.