Por la Unidad de Investigación de Nación Media

Paraguay se convirtió en base de operaciones de dos de los presuntos narcotraficantes de la pesada en la región. Los aliados para operar desde acá fueron el uruguayo Sebastián Marset y el brasileño Lindomar Reges Furtado, que tendría como principal aliado a su compatriota Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien pretendió acceder a licitaciones de la Policía Nacional manteniendo reuniones con el ex ministro Arnaldo Giuzzio, ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior.

Lindomar, con 67 procesos en el Brasil, y Marcus Vinicius, capturado en Foz de Yguazú durante la Operación Turf, son supuestos narcos para la Policía Federal del Brasil. Sin embargo, en los informes de inteligencia que la Senad remitió a la Fiscalía, no aparecen ninguno de los dos como sujetos de investigación en el marco de A Ultranza Py, como sí aparece el aliado uruguayo.

Como si fuera poco, Lindomar escapa de los antidrogas en la Operación Turf, a lo que excusándose la ministra Zully Rolón dijo que el capo no era el principal objetivo y solo lo incluyeron por pedido.

Hay evidencias que demuestran que Lindomar desde el 2020 ya operaba en Paraguay, pues ese año el juez de Alto Paraná, Carlos Vera Ruiz, le concede un habeas corpus preventivo. El brasileño argumentó que era acosado por la Policía, que lo extorsionaba para no devolverlo a Brasil, según reveló en su momento el cuestionado magistrado.

Es decir, los policías del Este en el 2020 ya confirmaron su presencia en territorio paraguayo, y el Comando Tripartito lo incluye en su informe del Operativo Smart vinculándolo con Marset, pero extrañamente para la Senad no era un objetivo, y al parecer lo eliminaron del reporte que realizó la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU).

CÓMODO

En cuanto a Sebastián Marset, es importante señalar que su primera llegada al país se da el 8 de abril del 2018, antes de las elecciones generales donde es electo Mario Abdo como presidente. Luego, entra y vuelve a salir el 27 de abril del mismo año, según registros de la Dirección General de Migraciones.

Se presume que a partir de ese momento ya empezó la operativa para montar el esquema de tráfico de cocaína desde Paraguay a Europa, instalando alianzas con organizaciones locales. Pero Marset no vino solo, sino que además trajo a toda su familia.

En agosto del 2020 el Departamento de Identificaciones expidió cédulas de identidad paraguaya para toda la familia del narco uruguayo. Los beneficiados fueron Gianina García Troche (pareja), Diego Nicolás Marset (hermano de padre), Mauro García Troche (cuñado) y dos de sus hijos menores de edad. Sebastián Marset, según consta en documentos, recibió su documento paraguayo en febrero del 2021.

El narco uruguayo empezó a montar sus esquemas de negocios en Paraguay, involucrando a su pareja, que el 3 de mayo se constituye el Grupo San Jorge SA – Total Cars, con un capital de G. 1.000 millones, según se inscribió en la Subsecretaría de Estado de Tributación. A partir de ahí siguieron creando firmas y empresas, comprando vehículos y propiedades.

Además, se lanzó como empresario del rubro del espectáculo y deportivo, productor musical, futbolista, todo, mientras en las sombras consolidaba la organización que importaba cocaína de Bolivia, que exportaba a Brasil, Europa, y otras partes del mundo. Entre sus principales aliados estaban Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube, Mauricio Schwartzman (asesinado el 12 de setiembre del 2021), entre otros.

Este cártel operó entre Paraguay aproximadamente desde el 2018 hasta su desarticulación con la Operación A Ultranza Py, que se ejecutó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Europol, y el Ministerio del Interior de Uruguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.