Se trata del centro de recepción de emergencias 911 de la Policía Nacional, punto neurálgico de coordinación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad, y el ojo que vigila una zona en la que viven unos dos millones y medio de personas.

Desde allí, 50 oficiales trabajan en tres turnos 24 horas cada día del año para disuadir a los delincuentes ante la presencia de las cámaras o para registrar hechos delictivos en caso de que se produzcan, según explicó a Efe el comisario principal Enrique Benítez, responsable del sistema.

Una gran pantalla divida en múltiples monitores muestra una radiografía visual a tiempo real de la capital y sus alrededores, mientras los agentes rastrean a través de las diferentes cámaras en busca de alguna situación delictiva.

En caso de una denuncia telefónica, el operativo se pone en marcha, se da prioridad sobre la gran pantalla a las cámaras más cercanas al lugar indicado por el ciudadano, se moviliza a los agentes sobre el terreno, y se coordina todo el operativo mirando a través de los ojos digitales.

Benítez dijo que cada una de las cámaras es como un oficial más en la calle, al servir de ayuda a la Policía Nacional a la hora de coordinar las actuaciones cuando se comete un delito.

“Consideramos (las cámaras) de gran ayuda. Nos sirve como una herramienta de prevención y le sirve al Ministerio Público para realizar sus imputaciones o presentación del delincuente ante el juez, y a este le sirve para determinar mejor la sentencia”, dijo Benítez.

Añadió que las cámaras comenzaron a ser ubicadas en 2012 y en función de los lugares donde se registraban más delitos y en aquellos con gran afluencia de gente.

En cuanto a su función disuasoria, Benítez aseguró que las cámaras han conseguido que desciendan los delitos en esos lugares específicos.

“El delincuente se da cuenta de que al haber un aparato disuasorio que es para la lucha contra la delincuencia no comente el hecho ahí”, dijo el comisario.

Sin embargo, reconoció que la delincuencia se ha trasladado a otros lugares donde no llega la vista de las cámaras.

“La delincuencia migra. Tenemos comprobado que donde está el personal policial y la cámara del sistema los hechos delictivos han bajado ostensiblemente, pero han aumentado en otras partes”, afirmó.

Pese a ello, Benítez señaló que el sistema de cámaras les ayuda a coordinar mejor las tareas de las patrullas sobre el terreno en el momento que se recibe una llamada, ya que pueden identificar a los delincuentes, mostrar la dirección en que vino o se marchó o crear un cuadrante de búsqueda en función de la localización.

Como mejoras a futuro, Benítez señaló que se busca que el tiempo de reacción promedio de los agentes sobre el terreno sea de 10 minutos, por debajo de los 16 minutos que emplean en intervenir tras los incidentes detectados por las cámaras.

“Es un porcentaje razonable en el sentido de dar respuesta con las herramientas que nosotros tenemos. Lo ideal sería una respuesta de 10 minutos, pero tenemos muchas falencias de medios y lugares”, dijo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.