El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, hizo una cronología de los hechos que involucran al banco Atlas en el aparente lavado de dinero que hizo el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz con el dinero proveniente del fútbol. En ese sentido el letrado reveló a la radio 650 AM que en la primera auditoría ordenada por el ente no aparece el banco Atlas porque este fue el único banco que se negó a colaborar y proveer información a los auditores, a diferencia del resto de los bancos que sí entregaron todos los datos. Para poder entender el trasfondo de la cuestión, Lovera relató que en el 2015 salta el nombre de Leoz en el marco del FIFA-gate y que en el 2016 la Conmebol –bajo el mandato de Alejandro Domínguez– decide ordenar la realización de una auditoría forense sobre el flujo de su patrimonio, para verificar cuáles fueron las administraciones que causaron perjuicios patrimoniales a la institución y quiénes se vieron beneficiados con esa irregularidad.

La auditoría forense se llevó adelante mediante el apoyo de algunos bancos que proporcionaron la información requerida y así se permitió identificar flujos en 4 características por un valor de US$ 129 millones. Tras este informe comenzaron las acciones legales para recuperar la plata. Es así que en febrero del 2017 se hizo una denuncia en Paraguay sobre esa irregularidad. Además, la justicia de Estados Unidos y la justicia suiza solicitaron dicha auditoría de la Conmebol.

Lovera reveló que casi todos los bancos proveyeron la información en esta auditoría, pero que el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, no lo hizo y que por este motivo no aparece en el reporte final de los auditores, quienes no tuvieron los elementos necesarios para investigar si Leoz tenía dinero guardado en esa entidad bancaria. De esta manera, la presencia de los bancos en la primera auditoría se da porque cooperaron con los auditores cuando se hicieron las consultas y esto no ocurre con el banco Atlas porque se negó rotundamente a proveer información, siendo esto un límite para el auditor al no tener acceso a los datos. “El banco tomó una decisión e hizo su análisis para no responder, entonces no se pudo hacer un flujo con relación a esa entidad”, refirió el entrevistado.

IMPLICANCIA DE ATLAS

Consultado sobre cómo luego apareció el banco Atlas en el modus operandi de Leoz para lavar dinero sucio, el abogado reiteró que en el 2017 la Conmebol hizo una denuncia innominada y entregó el informe de la auditoría forense a la Fiscalía, la cual luego llevó adelante una recolección de información del sistema financiero y de la Seprelad.

Como la Conmebol es la víctima, a finales del año pasado obtuvo copias de la documentación de la carpeta fiscal y observó en el legajo remitido por Atlas la celebración de dos contratos de fideicomisos de Nicolás Leoz por valor de US$ 6 millones, que no se supo cuándo se hizo la auditoría forense inicial porque el banco de la familia Zuccolillo no había proporcionado esa información a los auditores de la Conmebol.

Al existir méritos para investigar al banco Atlas, la Conmebol hizo una nueva denuncia, esta vez contra Atlas, en febrero del 2021. “La auditoría forense llegó hasta cierto punto y con la información adicional de la investigación fiscal se obtuvo el dato que el banco Atlas no proporcionó inicialmente, entonces se complementó la denuncia en febrero de este año”, agregó.

En esta nueva denuncia, la Conmebol propone como diligencia que Seprelad otorgue informes de inteligencia financiera de Nicolás Leoz y las operaciones denunciadas. “Los agentes contactaron con Seprelad y obtuvieron información que motivó la apertura de otras investigaciones penales. La Conmebol no tiene ningún comportamiento selectivo, sino que se comporta de acuerdo al acceso de informaciones que va obteniendo”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.