Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

El centro de todo y punto principal de la auditoría privada rea­lizada por la Conmebol son los dos contratos de fideico­misos celebrados entre Nico­lás Leoz y el banco Atlas, pro­piedad del grupo Zuccolillo. Ambos contratos se suscri­bieron cuando sobre Leoz pesaba una orden de cap­tura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decre­tado su prisión domiciliaria en junio del 2015.

Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organi­zación mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero. Leoz celebró dos contratos de fideicomiso con Atlas. Ambos contratos fueron celebrados con el objeto de cubrir gastos de salud y gastos derivados de proce­sos judiciales en los cuales Leoz estaba involucrado. No consta que el banco Atlas haya reportado esta opera­ción como sospechosa.

El monto total de las ope­raciones de fideicomiso totaliza la suma de US$ 6.182.903. La operación tuvo como principal propósito blindar el dinero de Leoz. El fideicomiso en un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (banco Atlas) algunos bie­nes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos, por lo tanto, estos bienes dejaron de pertene­cer a Leoz ya que pasaron al patrimonio del banco Atlas con lo cual los bienes que­daron libres de ser objetos de embargo, secuestro, etc.

ATLAS NO RESPONDE SOBRE ACUSACIONES

El banco Atlas no responde la acusación por lavado. La solicitud de transacción hecha por Leoz en febrero del 2016 para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una SEÑAL DE ALERTA, que debió haber sido analizada por el Oficial de Cumpli­miento y por el Comité de Cumplimiento del banco, y el resultado de dicha evalua­ción, necesariamente, debe constar por escrito. La ope­ración debió haberse repor­tado a los organismos de control como operación sos­pechosa teniendo en cuenta el perfil de cliente de “alto riesgo” de Leoz.

El 18 de mayo pasado, “La caja negra” reveló el resul­tado de una auditoría de carácter confidencial y docu­mentos que demuestran el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la fami­lia Zuccolillo, para lavar parte del dinero desviado por Nicolás Leoz. Denuncia penal por lavado de dinero. El diario Abc Color admitió que pesa sobre los directivos del banco Atlas una denuncia penal por presunto lavado de dinero. La denuncia fue radi­cada el 4 de febrero de este año por representantes de la Conmebol ante la Fiscalía de Delitos Económicos. La denuncia se basa exclusiva­mente en la constitución de los contratos de fideicomiso a favor de Leoz.

HIJAS DE LEOZ DEVUELVEN DINERO A LA CONMEBOL

El banco Atlas admitió que devolvieron la plata. En noviembre del 2020 las hijas de Leoz pidieron al banco Atlas ceder los derechos eco­nómicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el banco Atlas fue tur­bia. De esta manera el pro­pio banco confirma que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz Almirón en el contexto de persecuciones penales en Paraguay y el extranjero, así como el producto de estas.

El único órgano compe­tente para determinar si hubo alguna infracción administrativa por parte del banco Atlas en esta materia es el Banco Cen­tral del Paraguay, institu­ción que se negó a proveer información clave al Minis­terio Público en el marco de la denuncia por lavado que pesa sobre sus directivos. En fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas respondió que no podían entregar la información que había solicitado el Ministe­rio Público sobre las opera­ciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz.

El 12 de julio pasado, ante la negativa de la Superinten­dencia, la Fiscalía obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. El magistrado argu­mentó de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamé­rica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financia­miento del terrorismo.

Peligros que dichas operacio­nes representan para el Para­guay: El lavado de dinero y el financiamiento del terro­rismo son hechos puni­bles que se erigen, sin duda alguna, como significativas amenazas para la credibili­dad, integridad y estabilidad de cualquier República. Estas actividades pueden menos­cabar la integridad de las instituciones y los segmen­tos económicos formales de un país, desalentar la inver­sión en el país (de capitales locales y extranjeros) y dis­torsionar los flujos interna­cionales de capital. En este preciso momento se encuen­tra en nuestro país una comi­tiva de Gafilat que deberá eva­luar la situación de Paraguay en materia de prevención de lavado de dinero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.