La historia comienza en mayo de 1982 cuando Ana María conoció a Maurice Christian, un francés que había llegado a Paraguay dispuesto a fijar residencia y realizar algunas inversiones con la supuesta fortuna que alegaba poseer.

Luego de conocerse durante un corto tiempo, ambos terminaron casándose. En aquel entonces, ella tenía tan sólo 20 años y él 39. “No lo conocí muy bien, me propuso matrimonio muy pronto y, a pesar a los consejos de mi madre, me casé civilmente con él”, recordó la mujer en entrevista con Radio Monumental. Fruto de esta unión conyugal nacieron France y Maurice Alfredo.

A los pocos meses de haber contraído matrimonio, Ana María empezó a vivir su propio calvario pues -según manifestó durante la entrevista radial- le tocó conocer “la verdadera personalidad de Maurice”, siendo víctima de maltratos físicos, sus abusos verbales y todo tipo de agresiones.

La denunciante recuerda que los golpes y gritos eran parte de su día a día al igual que las amenazas con armas de fuego, las cuales el francés poseía en la vivienda y de las que era aficionado, teniendo en su poder una colección completa con varios tipos y variedades.

Según Ana María, una de las características de Maurice eran sus constantes arranques de ira y su mal temperamento, lo cual derivaba en que al más mínimo inconveniente termine demostrando una actitud agresiva con quien esté cerca de él, incluyendo a amigos y familiares.

A lo largo de los 25 años de matrimonio, la pareja pasó por varias idas y vueltas, entre separaciones y reconciliaciones. En más de una ocasión, Maurice le había prometido a su esposa que iba a cambiar su forma de ser, cosa que siempre terminaba siendo una excusa para retenerla a su lado.

La mujer mencionó a la 1080 AM que, luego de tratar de impulsar un negocio fallido con un restaurant, ella y su esposo francés decidieron abrir “Oropar”, el hoy conocido negocio de compra y venta de oro ubicado en el microcentro de Asunción. Dicho emprendimiento fue posible gracias a una sociedad con otro francés de nombre Alan Jahan, quien pasó a convertirse en su socio comercial.

Gracias al éxito del negocio y los buenos ingresos económicos que iban logrando, la pareja fue adquiriendo inmuebles (incluida una estancia en el Chaco) y otros bienes materiales que años después serían reclamados a través de un litigio judicial por el ciudadano francés, quien tenía la intención de despojar de todo lo que poseía a la mujer.

Luego de varios años en conflicto, finalmente Ana María decidió ponerle fin a la cuestión y solicitar el divorcio en el 2007, finiquitándose formalmente la disolución conyugal dos años después. Según un documento facilitado a nuestra redacción, el juzgado que aprobó el divorcio concluyó que durante su matrimonio con Maurice Christian, ella fue víctima de maltratos físicos y verbales y abusos de todo tipo.

A raíz de esta sentencia, Maurice decidió tomar represalias contra su expareja denunciándola en el año 2008 por apropiación y lesión de confianza. Según el escrito presentado en aquel entonces, Ana María supuestamente había aprovechado su desconocimiento del idioma y su cargo como administradora de las empresas familiares para quedarse con una suma multimillonaria.

La causa llegó a juicio oral en el 2016, siguiendo por un largo proceso judicial que -según Ana María- estuvo plagado de irregularidades que terminaron perjudicándola. Durante dicho proceso se comprobó que Maurice conocía perfectamente el idioma español, que manejaba las cuentas con total normalidad y que era imposible que desconociera los movimientos financieros dado que él y su esposa compartían el mismo espacio físico.

“Hizo todo un montaje económico y financiero para que termine donde estoy ahora”, indicó la denunciante a Monumental.

Aunque todas las pruebas hacían pensar que Ana Maria sería absuelta de la causa, finalmente el Tribunal la declaró culpable, siendo condenada a 4 años de pena privativa de libertad.

Rodrigo Yódice, abogado defensor de Ana María Silva Monges, mencionó a la 1080 AM que luego de conocerse el fallo del tribunal, la defensa técnica apeló la decisión, posteriormente la resolución fue revocada y el Tribunal de 2º Instancia decretó la absolución de la mujer.

A pesar de que la mujer fue absuelta, la querella adhesiva volvió a plantear un recurso extraordinario de casación y el 26 de septiembre de 2018 se dictó una nueva sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. La misma dispuso la anulación de la absolución a Ana María y, por consiguiente, la reconfirmación a la sentencia condenatoria de 4 años de prisión preventiva.

Silva Monges asegura que los jueces ni siquiera miraron las pruebas que habían sido presentadas sino que solo tenían en cuenta lo que la querella decía, incluyendo a la fiscal del caso a la que cuestionó en su actuación.

Según comentó la mujer, Maurice logró hacerse de varios contactos y amigos influyentes a lo largo de los años, yendo desde el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, y el exsenador del UNACE, Jorge Oviedo Matto, hasta los fiscales generales Rubén Candia Amarilla y Javier Díaz Verón. Dichos vínculos en el ámbito político y judicial lo habrían ayudado a ganar el juicio.

Al momento de definirse el recurso de casación, fueron los ministros Sindulfo Blanco, Myriam Peña y Raúl Torres Kirmser quienes ratificaron el fallo de primera instancia y permitieron que el caso nuevamente se tuerza en contra de Ana María Silva Monges.

El abogado indicó que su defendida fue notificada sobre este fallo el pasado 1 de octubre, por ello decidió hacerse cargo del caso y actuar en representación legal de la misma para evitar que se reconfirme la condena. Afirmó que, de ser necesario, recurrirán a organismos internacionales a fin de que su defendida no sea condenada injustamente.

Finalmente, Ana María aseguró que seguirán peleando en instancias judiciales hasta que acabe el calvario que le toca vivir desde hace tantos años y que su exesposo Maurice Christian pueda dejarla seguir con su vida normalmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.