Mónica Masulli, contó este viernes a través de su cuenta de Twitter, que en en julio de 2020, en plena pandemia, su hijo Nacho Masulli, llevó a sus dos perritas a la plaza que se encuentra a una cuadra del edificio en el que viven. En ese entonces, estaba vigente el decreto sanitario de no circulación entre las 22:00 horas y las 05:00 horas. La mujer señaló que “Nacho” salió con las perritas, poco antes de las 22:00 horas. Al rato, el joven llamó a su madre diciéndole que había sido detenido por la Policía Nacional. Los uniformados encargados del procedimiento le informaron a la mujer que estaba en “falta al deber de cuidado” del menor al dejarlo en la vía pública después de las 22:00 horas. “Tratando de asimilar todo, increíble me parecía, me disculpo, les pido amablemente disculpas y les comento que solo fue a que las perritas hagan sus necesidades y volvía. Y que se le pasaron 5 minutos”, siguió el relato de Mónica Masulli. Para su sorpresa, los policías le indicaron que debían llevarla a la Fiscalía. Sin embargo, ella llamó a una abogada, quien le manifiesta que los uniformados no tenían motivos para trasladarla, sino que tenían que labrar acta y listo. “Dos horas estuvimos, vecinos mirando por los balcones y ventanas, patrullera con luces encendidas sin descanso. DELINCUENTES éramos. Firmamos acta (que no decía todo tal cual pero después de dos horas y una cena quemada era todo lo que aguantamos). Se van”, agregó. Cuando todo parecía olvidado, en la primera semana de febrero de este año, Mónica recibió la llamada de una ujier para entregarle una citación por una causa abierta contra contra su hijo por transgresión a la Ley de Delitos Contra el Medio Ambiente. “Nacho” tuvo que ir hasta el Palacio de Justicia, para una evaluación psicológica, con una profesional que según lo manifestado, no sabía ni el motivo de la causa. “Mi familia (énfasis en mi hijo) estamos más que comprometidos con el país. Siempre damos todo lo mejor que podemos para ayudar, colaborar, construir. Nos comportamos bien, trabajamos, somos personas de bien. Esto que tuvimos que pasar por SACAR PERRITAS A HACER SUS NECESIDADES…no tiene justificación”, lamentó Masulli. Mónica subrayó que decidió contar la historia ahora, al terminar el proceso, por miedo a represalias. “DE LAS PEORES EXPERIENCIAS DE MI VIDA” “De las peores experiencias de mi vida, salí del palacio de justicia llorando de impotencia. Estuve más de una hora hablando con una psicóloga poco capacitada, que a toda costa trataba de entender que estaba tan mal en mi vida por eso era un delincuente”, contó el joven Nacho Masulli. “Como me hacía preguntas familiares en un momento le conté que mis padres están separados y que vivo con mi mamá y su novio. De ahí surgieron suposiciones suyas como que me tratan mal en casa, que no me prestan la suficiente atención, que tengo algún tipo de trauma por la separación de mis padres, que me molesta el hecho de que el novio de mi mamá viva con nosotros, entre otras”, siguió. Dijo además que la profesional que le estaba realizando la evaluación efectivamente no estaba enterada de la causa judicial que el joven enfrentaba. “El reclamo no va porque me consideré por encima de la ley o de aquel decreto, va por lo mal manejada que está la situación y por lo triste que es ver cómo se “ocupan” de este tipo de “delitos contra el medio ambiente” mientras tantas otras causas quedan impunes”, aseveró “Nacho”. “Amo mi país pero nunca en mi vida tuve tantas ganas de salir corriendo”, enfatizó. Tanto “Nacho” como su madre Mónica, fueron reconocidos durante gran parte de la pandemia del COVID-19 por sus labores a favor de los familiares de pacientes internados, entregando miles de platos de comida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.