Fuente: La Caja Negra.

El equipo de abogados encabezados por Guillermo Duarte Cacavelos quien representa a Friedmann y su esposa Marly Figueredo, opera en formato “satélite” con los otros defensores turnándose para presentar las chicanas unas tras otra, siempre en busca de un juez amigo al que encontraron la semana pasada cuando el magistrado José Agustín Delmás, titular del proceso, solicitó un permiso y le internó el juez Rolando Duarte.

Esos días de ausencia del juez natural del proceso fue aprovechado por las defensas de Álvaro Alfaro y la contadora Lourdes González, quienes estaban prófugos hace dos meses para presentarlos presurosamente ante el magistrado interino y solicitar que se les levante la orden de detención.

El fiscal Francisco Cabrera, quien interina a su colega Omar Legal, recusado ya cuatro veces en este proceso, se ratificó en la prisión contra el primo y la contadora, pero el juez Duarte decidió beneficiar a los procesados con medidas alternativas a la prisión pese a haber estado dos meses prófugos de la justicia.

La jugada maestra preparada por los abogados dio su fruto, el juez Duarte no tomó en cuenta la conducta de los procesados quienes el 1 de setiembre pasado cuando el magistrado Delmás ordenó embargar las cuentas bancarias de la empresa ESSA SA antes que llegue el oficio al Banco Nacional de Fomento en San Juan Nepomuceno la contadora Lourdes González emitió dos cheques, uno por G. 500 millones y otro por G. 1.441.822.67 para vaciar dinero de las cuentas de la empresa. El primer cheque fue cobrado por Elizabeth Leiva Álvarez y el segundo por César Rodrigo Leiva Álvarez, esposa y cuñado de Álvaro Alfaro respectivamente.

Ante este gravísimo hecho, el fiscal Oscar Legal había solicitado la prisión de estas dos personas y el magistrado Delmás dictó el pedido de captura, sin embargo para el juez Rolando Duarte, este suceso no pasó de ser una anécdota y lo ignoró al momento de levantar la orden de captura, tampoco Duarte tomó en cuenta el pedido del Ministerio Público que se ratificó en que estas dos personas debían ser detenidas.

¿Por qué se llega a la conclusión que los procesados estaban buscando un juez amigo?

Eso se desprende en primer lugar de la orden de prisión dispuesta por el juez José Agustín Delmás contra el primo de Friedmann, Álvaro Alfaro y su contadora Lourdes González. Cuando el expediente pasó al juzgado de Humberto Otazú, los abogados de estos dos prófugos plantearon que se levante la prisión de ambos a cambio de presentarse a la justicia. Este pedido fue denegado por el juez Otazú ya que consideró que no se podía litigar en clandestinidad.

Sin embargo ahora el caso fue a parar por unos días al despacho de Rolando Duarte, conocido por sus vínculos con referentes del oficialismo, quien no tuvo ningún problema en dar una mano a dos personas que estaban prófugos para velozmente darles la libertad.

¿Quién es el juez Rolando Duarte? El mismo que ya había blanqueado a otros funcionarios involucrados en las compras de tapabocas de oro, hermano de un abogado quien ocupa un alto cargo en una binacional y parte del equipo de un “peso pesado” del Poder Ejecutivo.

También hace dos semanas la Cámara de Apelación integrada por Bibiana Benítez, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, con voto en contra de éste último, le dio una mano al senador Rodolfo Friedmann al revocar la inhibición y bloqueo de cuentas del parlamentario que había dispuesto el juez Humberto Otazú sin esperar el plazo de 10 días para que la fiscalía determine los bienes a ser embargados.

De esta manera los abogados “satélites” de Duarte Cacavelos traban la marcha del proceso con la ayuda de jueces y camaristas amigos van anulando todo lo que se dicta en contra de los procesados.

Gracias a los jueces “amigos” del poder el senador Rodolfo Friedmann y su entorno se salvan de rendir cuentas por los delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.