El diario La Nación publicó este viernes la primera entrega de lo que será la serie de publicaciones que pretende mostrar el “sistema de silencio” de la Iglesia ante los casos de abusos sexuales que involucran a los propios curas.

A su vez, el medio argentino Clarín se hizo eco de la información y publicó parte del escrito, donde se trata el primer caso, que involucra al sacerdote argentino Carlos Richard Ibáñez Morino, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos diez jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba, a principios de los 90.

Según la publicación, Ibáñez llegó a Paraguay en 1992 y aún cuando pesaba sobre él una suspensión de parte del obispado cordobés, igual ejerció sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y “paseándose por varias comunidades religiosas” hasta hace apenas unas semanas.

LOS ABUSOS

Según la denuncia oficial, en diciembre de 1991, Tomás y Carlitos (nombres ficticios) conversaban en las inmediaciones del predio del ferrocarril de Bell Ville, cuando se acercó a ellos el padre Carlos y los invitó a acompañarlo a un dispensario. Entonces subieron al Fiat 147, color blanco –que el padre Carlos usaba para movilizarse en la ciudad– y fueron los tres hasta un consultorio llamado Juan XXIII, ubicado en la calle Echeverría 102. Allí, en las habitaciones del local, ambos adolescentes tuvieron un encuentro sexual con el sacerdote. La paga para ambos fue de 550.000 australes, moneda que en ese entonces se utilizaba en Argentina.

A mediados de 1992 ya había contra Ibáñez un total de diez denunciantes, todos lo acusaban de abuso sexual. Todos eran jóvenes de barrios pobres de Bell Ville que recibían dinero a cambio de tener relaciones con el religioso.

APOYO DE LA JUSTICIA

A mediados de los 90, la Justicia paraguaya se negó dos veces a proceder a su extradición, a pesar del pedido realizado por la Justicia argentina. En 1997 y a pesar de gestiones de la Embajada argentina en Paraguay, que tomó parte en la causa, la Justicia paraguaya rechazó una reapertura del proceso de extradición.

Finalmente, el 18 de noviembre del 2004, la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema paraguaya dio vía libre al proceso de extradición. Sin embargo, ya era tarde, en los estrados judiciales de Bell Ville el caso se había extinguido. De esta manera, el sacerdote Carlos Richard Ibáñez, alias “Richardi”, logró evitar el proceso por supuestos abusos sexuales contra menores en Córdoba.

CERCA DEL PAPA FRANCISCO

Ibáñez se negó a hablar con el diario La Nación de Paraguay, apenas declaró que ya no ejerce como sacerdote. Sin embargo, estuvo en la zona reservada para los sacerdotes en el altar que se hizo en Ñu Guasu, en julio del 2015, durante la visita del Papa Francisco al Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.