El contralor Camilo Benítez remitió una nota al presidente de la empresa Chaplin SA, José Luis Elías, quien había solicitado a la Contraloría un dictamen sobre los aspectos vinculados a la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas.

En ese sentido, tras analizar el marco normativo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría concluyó que la resolución N. 34/20 de la Conajzar, mediante la cual benefició en forma ilegal a la empresa Icrop SA, colisionaría con el marco normativo en tres principales puntos.

1. La imposibilidad de autorizar la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en lugares de acceso público, conforme a los lineamientos del Decreto 3083/15 y de la Resolución CONAJZAR N” 36/16.

La Resolución CONAJZAR N” 34/20 habilita y autoriza la explotación de ese tipo de juegos en lugares de acceso público en contraposición de las aludidas disposiciones que restringen la puesta en funcionamiento de las máquinas electrónicas tragamonedas en espacios que no tienen restricciones de acceso, como restaurantes o quioscos. En tal sentido, si bien la Resolución CONAJZAR N. 34/20 establece ciertas previsiones para el cuidado a los menores de edad e indica además la prohibición de explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en espacios públicos, la contradicción surge visible debido a que al autorizarse la habilitación de dichos juegos en locales cuya actividad comercial es diferente a juegos de azar o de suerte, es evidente que tales locales podrán ser de acceso a cualquier tipo de público.

2. La CONAJZAR no ha realizado un proceso licitatorio para la concesión, con alcance nacional de la explotación de las máquinas electrónicas tragamonedas.

La CONAJZAR es la autoridad competente para elaborar los pliegos de bases y condiciones para las licitaciones públicas y/o concursos de antecedentes con fines del otorgamiento de las concesiones para la explotación de los juegos de azar, de conformidad a lo indicado en el Artículo 6 de la Ley N. 1016/97, como ya se ha referido más arriba. Sin embargo la Resolución CONAJZAR N. 34/20 establece una concesión directa, sin proceso licitatorio previo, realizado a solicitud de una empresa privada, iCrop SA en este caso, la que presentó un plan de trabajo, que fue aceptado por la CONAJZAR, sin considerar la citada prescripción legal y, asimismo, sin considerar que el artículo 7 de la Ley 1016/97, que señala: “La concesión para la explotación de los juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación púbica, por el plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración del contrato, salvo las excepciones previstas en la Ley”. Ningún otro artículo de la normativa analizada establece excepciones para que los juegos electrónicos de azar o la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas. Por tanto, la CONAJZAR se habría excedido en sus competencias al adjudicar directamente la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en todo el territorio de la República, sin la realización de un proceso licitatorio.

3. La CONAJZAR habría incurrido en la delegación de sus competencias a la firma iCrop SA.

Se debe considerar que la Resolución CONAJZAR N. 34/20 otorga, en su primer artículo, a la firma iCrop SA. la autorización para la explotación del juego de azar analizado, como ya se ha expuesto anteriormente. En tal sentido, dicho artículo afirma que tal determinación se realizó “… de conformidad con el artículo 1ro. del Decreto N. 6206/99 y el Artículo 4to. del Decreto N. 3083/15…”, ambas normativas facultan a la CONAJZAR a autorizar nuevas modalidades de juegos de azar, sin embargo, en virtud de la Resolución CONAJZAR N. 34/20 y de sus anexos, se verifica que dichos instrumentos devienen forzosamente en la delegación de competencias de CONAJZAR a favor de iCrop SA, considerando que la misma tiene bajo su control todos los procesos, conforme al plan de trabajo que la misma firma ha prestado, y la CONAJZAR solo interviene en virtud de las comunicaciones que reciba de aquella y, todo ello, sin que medie un proceso licitatorio para que realizar tal delegación o asignación de funciones resulte amparada en los parámetros de la Ley N. 1016/97”.

Según expuso una investigación de La Caja Negra, Conajzar resolvió que la firma iCrop se quede con el 70% de la recaudación de la explotación del negocio clandestino de las máquinas que operan en las calles. El ente regulador privatizó y delegó sus funciones en favor de esta firma, la cual de esta manera recauda en concepto de canon cerca del US$ 1 millón por mes, sobre la base de 25 mil máquinas.

En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que se estaría frente a un supuesto esquema de lavado de dinero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.