El equipo de investigación de la Caja Negra obtuvo documentos que prueban cómo opera el mecanismo de la recaudación en tierras que pertenecen a colonos de Alto Paraná.

Los casos pertenecen a dos habitantes de la colonia núcleo rural primavera distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Son lotes que en promedio poseen unas 30 hectáreas dedicadas en su mayoría a la siembra de soja y avena.

Los mismos habían iniciado trámites en el año 2015 y obtuvieron por resolución presidencial del INDERT de fecha 10 de diciembre de 2018 la adjudicación y titulo de propiedad de sus lotes.

Los solicitantes habían cumplido con todos los requisitos del estatuto agrario para ser beneficiados con la adjudicación de los terrenos. En la resolución número 1426-18 se deja constancia que todos los informes administrativos y técnicos son favorables a la pretensión de los mismos y que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley.

El documento lleva la firma del extitular del INDERT Horacio Torres y el secretario general Juan Angel Gonzalez Fretes, este ultimo señalado como funcionario leal a Torres y supuesto “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones.

Sin embargo, 8 meses meses después, el 27 de agosto de 2019, se vuelven a firmar dos resoluciones la número 2934-19 y la numero 2935-19 por las cuales revocan y dejan sin efecto la resolución de adjudicación que ellos mismos firmaron en diciembre. Las firmas que aparecen son las mismas: Horacio Torres y Juan Angel Gonzalez Fretes.

Ambas resoluciones citan como argumento el dictamen jurídico de la Directora Jurídica Nathalia Caballero. Mencionan además una resolución judicial que declaró la caducidad de instancia en un juicio anterior entablado por los colones contra una resolución de la administración de Justo Cárdenas.

La caducidad de instancia se dio porque los colones al haber obtenido en diciembre de 2018 la adjudicación de sus lotes dejaron de instar al proceso. Forzadamente y en un acto de arbitrariedad la Directora Jurídica del INDERT justificó con esa sentencia la decisión de revocarles la adjudicación que legítimamente habían obtenido.

La denuncia que hacen los afectados es que funcionarias de la Asesoría jurídica del INDERT encabezadas por la abogada Nathalia Caballero, directora General de Asesoría Jurídica del ente, la funcionaria Yeny Cardozo una cuestionada comisionada al ente agrario en compañía de otros funcionarios de la zona son acusados de operar en las colonias poniéndole “precio” a cada trámite.

Nathalia Caballero es considerada mano derecha del expresidente del INDERT Horacio Torres. Llegó a la institución en agosto pasado. anteriormente se desempeñaba como asistente de Torres en su estudio jurídico.

Es acusaba de actuar con prepotencia y encabezar las delegaciones del INDERT en las colonias. la misma fue designada como interventora de la dirección occidental cargo que ocupaba Enrique Gomez de la Fuente, imputado por pedir una coima de 25 mil dólares al ganadero Albino Méndez.

De acuerdo a los denunciantes los pedidos de coimas para adjudicar o no revocar resoluciones de adjudicación oscilan entre 5 mil a 10 mil dólares por cada colono.

Los funcionarios del INDERT, encabezados por la propia directora jurídica, operan con total impunidad en la zona y mantienen a zozobra a decenas de colonos quienes en su mayoría se ven obligados a pagar para no perder sus tierras.

La misma situación afecta a colonos de Santa Lucia, 8 de diciembre, prometida, candelaria, chino cue y conquista. varios casos fueron denunciados ante el Ministerio Público. el mecanismo de la coima mantiene en jaque a los colonos. si no pagan se quedan sin nada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.