El 22 de enero del 2021, Arnaldo Giuzzio era anunciado como ministro del Interior, en reemplazo de Euclides Acevedo, precedido por el también cuestionado y soberbio Juan Ernesto Villamayor. Al asumir el 25 de enero, Giuzzio prometió poner fin a las barreras policiales y apostar a la tecnología para los controles en las calles. Los primeros meses pasaron desapercibidos como la nada misma, pues no se observó ningún cambio positivo en la institución. Sin embargo, el primer gran golpe que le tocó afrontar fue el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos. En aquel entonces justificó la inacción policial en el norte de la región Oriental y argumentó que la cartera a su cargo no tiene atribuciones operativas en dicha zona, pero que respeta el reclamo de la familia de la víctima. También trató de estúpidos a periodistas que le consultaron si el Ministerio estaba realmente interesado en que los secuestrados vuelvan a sus casas. Además, sobre la lucha contra los grupos armados, tiró por el suelo toda esperanza de acabar con los criminales, ya que definió la lucha como “jugar un partido a oscuras, ellos ven el arco, y las fuerzas públicas no”. En cuanto a la seguridad en el barrio San Francisco, responsabilidad policial de las comisarías instaladas en el lugar, Giuzzio admitió que no estaba enterado de que los pobladores vivían atemorizados por la delincuencia imperante. Se le dijo a una lugareña que le reclamó mayor presencia estatal para repeler a los adictos. El 7 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benítez le dio un “ultimatum” a Giuzzio, a fin de que implemente un plan para al menos, contrarrestar la ola delictiva. El plazo concedido fue de tres meses. Días después fue asesinado por sicarios el empresario Mauricio Schwartzman, en una vivienda ubicada en el barrio Jara de Asunción, no en la frontera, donde estos hechos son más habituales. Al respecto, Giuzzio opinó que se trata de casos puntuales y que, normalmente, “son de esperar”, porque es parte de la práctica usual de las organizaciones criminales. También dentro del mes de septiembre, se registró otro caso de sicariato en el que resultó víctima un militar. Sucedió en el barrio San Miguel, el mismo en el que vive Arnaldo Giuzzio y donde los vecinos también reclamaron la incesante inseguridad y aseguraron que la casa del entonces ministro, era la única resguardada por la Policía. Todavía dentro del noveno mes del año, ocurrió una violenta manifestación protagonizada por campesinos e indígenas, en reclamo al rechazo de la ley que aumenta las penas por invasión de inmuebles ajenos. Hubo saqueos, asaltos y destrozos de vehículos Sobre lo sucedido, Giuzzio consideró que fue “una escaramuza más”. Ya en octubre, en una segunda reunión con Mario Abdo, el mandatario volvió a exigir resultados a Giuzzio, todavía dentro del plazo de aquel ultimátum de tres meses. En el encuentro, el ministro consideró que lo que se registra es una “sensación de inseguridad”. En cuanto al Departamento de Identificaciones, Giuzzio impidió que se implemente el nuevo y moderno sistema que expedirá en tiempo récord las cédulas con chips. En su lugar, optó por hacer otro millonario llamado a licitación para comprar cédulas y pasaportes del viejo formato. Ya en noviembre, tuvo la gentiliza de avisar con anticipación, que medida que se aproximaba fin de año, comenzarían a aumentar los asaltos y los índices de delincuencia en general. Gracias a esto, la ciudadanía pudo prepararse mentalmente, pero nadie logró evitar la ola de inseguridad. No conforme con sus desatinadas declaraciones, el 16 de noviembre, al cumplirse 20 años del secuestro de María Edith Bordón, el primero perpetrado por el EPP, Giuzzio consideró oportuno opinar que en Paraguay no existe la industria del secuestro. Tras los primeros 11 días del 2022, luego de sus vacaciones en el Brasil, a donde viajó en el auto del segundo mayor narco de ese país, tras pedirle prestado el vehículo personalmente, Giuzzio se encontró con la sorpresa de que Identificaciones estaba a horas de implementar el código QR en las cédulas. Al llegar admitió que nadie le había informado nada a él ni a su viceministro. Posteriormente, se resolvió suspender la implementación del código, debido a unos “ajustes” pendientes. En relación la tragedia ocurrida en San Bernardino, donde sicarios asesinaron a dos personas, el entonces ministro confesó que la Policía manejaba la información de que fronterizos de Pedro Juan alquilaron viviendas un fin de semana en esa ciudad y que participarían de aquel concierto. Sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva ante semejante sospechosa presencia. Posteriormente se defendió diciendo que su gestión presenta “estadísticas interesantes” y que no pensaba renunciar, pero que su cargo siempre está a disposición, algo redundante e innecesario, ya que el presidente tiene las atribuciones de disponer de todos los cargos, sin necesidad de que los funcionarios estatales los ofrezcan. A partir de entonces, un grupo de diputados presentó un libelo acusatorio para impulsar el juicio político a Giuzzio y destituirlo por esta vía constitucional. El primero en saltar en su defensa fue el vicepresidente Hugo Velázquez, quien lo calificó como una persona honesta. El 4 de febrero, diputados oficialistas y opositores salvaron del juicio a Giuzzio y lo mantuvieron en el cargo, tal como lo solicitó Velázquez. Por si fuera poco, en el mismo mes, Giuzzio acusó de manera temeraria al mercado de valores del Paraguay como “bolsa de delincuentes”, lo cual tuvo una repercusión negativa en todo el sistema financiero e hizo que todos los actores se pronuncien al respecto, en repudio a dichas afirmaciones. Finalmente anoche, mediante una investigación del periodista Jorge Torres, se conocieron los vínculos de Giuzzio con el segundo mayor narco del Brasil: Marcus Vinicius. En sus vacaciones de finales de diciembre e inicios de enero, Giuzzio tuvo un inconveniente vehicular de ida al país vecino, por lo que, retornó a Ciudad del Este, y rápidamente pensó en Vinicius, a quien llamó personalmente a su teléfono celular y le pidió ayuda, según él mismo reconoció hoy. El delincuente, actualmente detenido en Brasil tras el fracaso policial en Paraguay, aceptó darle una mano amiga y por si hubiera dudas, le prestó su vehículo de uso familiar y no se lo arrendó, como declaró hoy Giuzzio. Desde la empres Ombu SA, propiedad de Vinicius, informaron que no se arrendó ningún vehículo al ministro, sino que directamente se le prestó y que el rodado no figura entre los arrendables, ya que pertenece a Vinicius y lo utiliza para movilizarse con su familia. Ante tamaño escándalo del que finalmente todos los sectores y hasta medios defensores de Giuzzio se hicieron eco, finalmente Mario Abdo Benítez decidió destituir a Giuzzio, quien tras un año y un mes de gestión y todas las perlas citadas más arriba, finalmente cayó por su vínculo con el segundo mayor narcotraficante del Brasil, de quien, según él, no sospechaba nada, pese a que la Policía Federal compartió los datos con la Senad hace más de un año, cuando Giuzzio estaba al frente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.