El 3 de abril del año pasado, Nora Cecilia Leoz Plate de Car­dozo y María Celeste Leoz Plate de Ribeiro, hijas de Nicolás Leoz, remitieron una nota al banco Atlas, del grupo Zuccolillo, en la que solicitaron ceder todos los derechos económicos del contrato fiduciario a la Con­federación Sudamericana de Fútbol.

“Manifestamos nuestra decisión de ceder todos los derechos económicos del presente fideicomiso y con­secuentemente instruimos irrevocablemente a ustedes a transferir en fecha 15 de julio del 2020 a la Confe­deración Sudamericana de Fútbol en cuenta a nombre de dicha confederación el importe en dólares ameri­canos que resulte de con­vertir a dicha moneda el monto de capital que tota­lizan G. 8.881. 581.485…”, reza el escrito que las here­deras de Leoz remitieron al banco Atlas.

La nota firmada por las hijas de Leoz ordenaba además la devolución de los inte­reses devengados hasta el 15 de julio del 2020, previa deducción de impuestos, honorarios del fiduciario y gastos administrativos. La orden dada por las hijas de Leoz fue recepcionada por el banco Atlas el 4 de abril del año pasado y lleva la firma de Jorge Vera Trinidad, direc­tor titular del banco de los Zuccolillo.

LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO

Los contratos de fideico­miso fueron celebrados el 11 de febrero del 2016 entre el banco Atlas y Nicolás Leoz. El objeto de ambos acuerdos era, inicialmente, mantener la integridad de estos pro­ductos financieros, generar intereses y finalmente que estos sean colocados, utili­zados o invertidos conforme a las instrucciones que dicte Leoz.

En los acuerdos se esti­puló además que, subsidia­riamente, el remanente de dichos certificados de aho­rro (que fueron colocados en los fideicomisos) ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debía ser trans­ferido a los cuatro hijos de Leoz, designados como beneficiarios.

En total fueron celebrados dos contratos, la única dife­rencia entre ambos fue que en el segundo fideicomiso las únicas designadas como beneficiarias fueron las dos hijas: Nora Cecilia y María Celeste Leoz. Los fondos e intereses de este último fideicomiso fueron los que finalmente se devolvieron a la Conmebol.

BLINDAJE

Una de las cláusulas inclui­das en el contrato de fidu­cia entre Atlas y Leoz esta­blecía que el fideicomitente (Leoz) se reservaba ins­truir, hasta un cierto por­centaje del fideicomiso, pago de obligaciones vin­culadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: hono­rarios de abogados).

Es decir, el banco pactó expresamente cumplir ins­trucciones del fideicomi­tente para el pago de obliga­ciones que él mismo decida asumir en los contextos cita­dos (gastos de salud y gastos judiciales). Esta obligación no equivale a prever la even­tualidad de responder con sus bienes ante pronuncia­mientos de la justicia porque los US$ 6 millones ya no for­maban parte del patrimonio del fideicomitente, pertene­cen al patrimonio del banco y por ende se encuentran blin­dados.

SEÑAL DE ALERTA

Los contratos de fideicomiso en el banco Atlas se celebra­ron cuando sobre Nicolás Leoz ya pesaban orden de captura internacional dic­tada por la justicia nortea­mericana y orden de prisión domiciliaria dictada por un juez en Paraguay. En ese con­texto, siendo Leoz apuntado como parte de una organi­zación mafiosa dedicada al fraude, lavado de activos y al soborno, semejante opera­ción debió haber despertado al menos una señal de alerta.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.