Hace unos meses tuvo entrada en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Que modifica el artículo 123 de la Ley N° 1328/98, De Derechos de Autor y Derechos Conexos”.

Dicha propuesta legislativa, presentada por la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), plantea modificar la Ley de Derechos de Autor y Conexos, a fin de lograr la retención del 10% del monto abonado por usuarios de plataformas de streaming.

La idea de imponer un pago obligatorio a plataformas como Spotify o Deezer en favor de los intérpretes y ejecutantes locales, en compensación por las regalías de sus obras, no es bien vista por diversos sectores que advierten sobre los riesgos que podría acarrear una medida de este tipo.

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Uno de los que ha expresado su rotundo rechazo es el diputado Sebastián García (PQ), quien sospecha que el proyecto de ley esconde otros intereses detrás por el apuro con el que quisieron tratarlo en la Cámara Baja. El mismo cree que podría tratarse de un proyecto “pro bolsillo” que beneficiaría solo a algunas personas.

Igualmente, cuestiona el hecho de que los únicos beneficiarios con el cobro de regalías, obtenidas con la retención del 10%, serían los artistas asociados a la AIE y no todos en general, sin mencionar el posible sobrecosto que representaría para los usuarios suscritos a las plataformas.

En una nota remitida al director de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Spotify expresó su posición en relación a este proyecto de ley y advirtió que, en caso de tener aprobación en el Congreso, podrían verse obligados a dejar de operar en Paraguay.

En su argumentación, la compañía explica que agregar una tarifa adicional del 10% “sería insostenible para sus operaciones comerciales en Paraguay”, pudiendo llevarlos a “considerar seriamente salir del mercado, en detrimento final de los artistas y fans”.

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“Spotify paga aproximadamente dos tercios de sus ingresos musicales a los titulares de los derechos, que son típicamente sellos discográficos, editoriales y entidades de gestión colectiva. Los artistas y compositores reciben su parte de dicho monto en función de sus contratos con los titulares de derechos”, menciona el documento firmado por Dustee Jenkins, jefa global de Asuntos Públicos de Spotify.

A pesar de su gran popularidad a nivel local, Spotify aún no posee utilidades en Paraguay y, al adquirir las licencias musicales necesarias para su servicio, se queda “con un margen bruto más bajo” en comparación con el que obtienen las tiendas de discos o las estaciones de radio, refiere igualmente.

El proyecto de ley aún no cuenta con aprobación por parte de la Cámara de Diputados y queda pendiente de estudio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.