En audiencia pública se discutieron las modificaciones a la Ley N° 5.863/17- “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), adelantó que esta iniciativa será estudiada en el plenario de la Cámara Baja, el próximo miércoles.

Sostuvo que todos coinciden en que la normativa debe entrar en vigencia cuanto antes, dada la fundamental importancia de descomprimir el sistema penitenciario.

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Cabe mencionar que la normativa que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, también conocida como “ley de tobilleras electrónicas”, busca establecer un seguimiento a procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción, pero todavía no entró en vigencia a seis años de su promulgación y publicación.

Así como está la ley, cada dispositivo tiene que ser costeado por el Estado; pero en la versión Poder Ejecutivo del documento de modificación, se otorga potestad al Juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo a que si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras.

“EL ESTADO DEBE SER RESPONSABLE”

Por su parte, el diputado Derlis Rodríguez (ANR-Caaguazú), proyectista, a la par, de otra iniciativa de modificación de la ley N° 5.863/17, señaló estar en desacuerdo con que cada beneficiado sea quien se haga cargo del costo.

Afirmó que hubo coincidencia en que se debe descomprimir el sistema penitenciario y en que la justicia debe contar con esta herramienta; sin embargo, remarcó que la responsabilidad del costo volvió a ser punto de diferencia.

“Penitenciarías que hoy están preparadas para mil personas, resulta que tienen 2.500. Así es imposible que funcionen adecuadamente. Coincidimos en cómo debe ser aplicada la ley; pero la diferencia está en el tema del costo: si recae en el Estado o lo trasladamos a las personas que serán beneficiadas”, dijo.

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Enfatizó que, desde su perspectiva, “el Estado debe ser responsable, así como lo es hoy, pues desde que se dicta una prisión preventiva, con alguna medida, el Estado queda como responsable”.

“No coincido con quienes critican que esto lo terminaremos pagando todos. Hoy en día ya estamos haciéndonos cargo de 17.500 personas privadas de libertad, a quienes estamos pagando las comidas. Yo prefiero pagarles el dispositivo y ahorrar otros conceptos para el Estado. No es que agregaremos otro gasto más”, sostuvo el legislador.

Apuntó que si discriminamos quién puede pagar y quién no, la normativa se vuelve inconstitucional, porque pierde el principio de igualdad.

“Tenemos que ver los alcances, la constitucionalidad y la aplicabilidad. Pero esto debe ser aplicado cuanto antes, para que cumpla el fin”, concluyó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.