POR ANDRÉS BARRIOS, periodista; PÁNFILO LEGUIZAMÓN, fotógrafo.

Escuchar hablar del Tebicuary es imaginarse un gran río con una imponente naturaleza, pero la situación actual es muy diferente a consecuencia del bombeo constante de las aguas. En la zona baja existen cerca de 40 motobombas que alzan un promedio de 40 mil litros de agua por hora todos los días, sin parar.

Un equipo periodístico del diario La Nación fue hasta el sitio para comprobar las denuncias de los pobladores. Luego de unos minutos de recorrido por la zona baja, la lancha ya no podía desplazarse con normalidad, quedó varada debido al escaso calado. La parte más profunda del río tenía entre 30 y 40 centímetros. No había más opción que bajarse en el canal y empujar la deslizadora para llegar a destino.

Existen cerca de 120 mil hectáreas de arrozal en la zona baja del Tebicuary, cada productor cuenta con al menos dos motobombas, alzando un promedio de 80 mil litros de agua por hora. El bombeo realizan las 24 horas del día. De acuerdo a la versión de los pobladores, el ministro del Mades, Ariel Oviedo, les prometió “sobrevolar” la zona para constatar la situación, pero alegó que al menos debe bajar unos 45 centímetros más para poder accionar, siendo que existen sitios donde apenas alcanza los 30 centímetros.

El viaje en lancha sigue, el equipo periodístico, acompañado de unos pobladores, sigue sorteando adversidades y aguantando el agobiante calor. Ya era cerca del mediodía y unos pescadores, tras estar más de una semana hacia la zona más baja, deciden ir a sus hogares con unos pocos pescados que probablemente solo sirven para el consumo y no para la venta.

Los pescadores saludan y en sus rostros se observan sonrisas de esperanza, pero también existen duda y temor. Ya no confían en casi nadie, las autoridades hacen caso omiso a las reiteradas denuncias, mientras el bombeo sigue, pasan las horas y los miles de litros de aguas desviadas empeoran la situación del río Tebicuary.

MOTOBOMBAS

Tras las diferentes “paradas” de la lancha se pudo llegar al sitio donde se encuentra el primer lugar de bombeo, hacia la zona baja. Queda más o menos a una hora y media de viaje desde el puente ubicado en la ciudad de Villa Florida sobre la Ruta 1, Mariscal Francisco López, y que divide esta localidad del distrito de Caapucú.

En el sitio existe una motobomba, una de las más pequeñas, pero que bombea entre 40 y 50 mil litros de agua por hora. Cuenta con instalaciones eléctricas y tubos de grandes dimensiones para alzar el líquido vital del cauce y luego enviar hacia los arrozales.

“Hace 18 años más o menos comenzó la plantación de arroz, pero antes habían solo dos arrozales. Tenemos miedo que desaparezca nuestro río, los florideños estamos preocupados porque vivimos de la pesca y ahora ya es imposible. También es terrible el daño ambiental que están causando y las autoridades solo responden a los arroceros y no a la gente”, cuenta Rolando Escobar, pescador de la zona, observando el río y el bombeo del agua. Su mirada refleja realidades, el estado crítico del cauce hídrico, la falta de respuesta del Mades, la Fiscalía del Medio Ambiente y el peligro de quedarse sin el sustento: la pesca.

Hace como un mes y 15 días que el Tebicuary atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Terminó la crecida, empezaron los bombeos ante la falta de lluvia y el nivel del agua empezó a bajar considerablemente. Algunos brazos del río se encuentran completamente secos, solo quedan algunos pequeños charcos de barro, pero ya no sirven para evitar la muerte o la migración de los animales.

Detrás de las motobombas salen los tubos por donde pasan las aguas del Tebicuary y luego caen en una represa para luego desembocar en los canales construidos por los arroceros. En promedio, cada productor cuenta con una plantación de 12 mil hectáreas y en total serían cerca de 120 mil hectáreas de cultivo hacia la zona baja.

El fiscal del Medio Ambiente del departamento de Misiones, César González, realizó el mismo recorrido con los pescadores. Consideró la situación como un delito ambiental y les prometió que accionaría una vez que tenga la orden de un juez. Pasaron más de una semana y hasta el momento la denuncia no prospera, mientras sigue el bombeo de las aguas y el estado del río cada vez es más crítico.

“Vino una persona del Mades también con el fiscal. Nos dijeron que los arroceros están cometiendo un delito. Nos reunimos con el ministro en Asunción (Ariel Oviedo) y no pasaron ningún informe. Cerca de 150 familias que se dedican a la pesca son las afectadas, ya no podemos circular por el río porque está muy bajo el agua, se está secando”, agrega Escobar.

Algunos productores de arroz contratan guardias de seguridad para resguardar el bombeo de las aguas. Los pescadores o pobladores de la zona tienen prohibido tomar fotografías o filmar porque son amenazados por los guardias privados, quienes poseen armas de fuego y mantienen en zozobra a los denunciantes.

AGUA NO TRATADA PARA EL CONSUMO

Los pobladores de la ciudad de Villa Florida no solo atraviesan el problema de la baja del río Tebicuary sino también la falta de tratamiento por parte de la Junta de Saneamiento para el consumo de agua potable. Al abrir la canilla sale el líquido vital pero es de color marrón con un fuerte olor, a simple vista se puede notar que no es apta. Los que tienen la posibilidad adquieren agua mineral, los que no pueden no tienen otra opción y la consumen.

“El tema del agua es algo caótico porque la comunidad de Villa Florida consume agua que no es potable. La salud de Villa Florida está en terapia intensiva porque el agua que sacan del río directamente viene a nuestras canillas y tomamos”, cuenta Francisca Escobar, pobladora de la comunidad.

Algunos compran agua mineral para el consumo, pero es administrado con mucho cuidado por el costo. La mayoría de los lugareños son de escasos recursos. Los que consumen agua de la canilla presentan problemas de salud de forma constante, tales como diarrea, vómito y manchas en la piel.

La Junta de Saneamiento tiene su sistema de bombeo de agua debajo mismo del puente que une Villa Florida con Caapucú. A escasos metros existe un parador que arroja sus desechos al cauce hídrico y tampoco cuenta con un sistema de tratamiento. “Consumimos agua servida”, es la expresión de la mayoría de los pobladores.

Actualmente, tras una serie de manifestaciones y cierres de ruta, existe la promesa del director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, de financiar la construcción de una nueva planta de tratamiento para los florideños, quienes lamentan que no se haya realizado antes por el simple hecho de que el intendente local, Michel Flores, pertenece a Honor Colorado, movimiento disidente del Partido Colorado.

La ciudad de Villa Florida está ubicada a orillas del río Tebicuary y a unos 161 kilómetros de Asunción, dando la entrada al Departamento de Misiones. Los pobladores en su mayoría se dedican a la pesca, ganadería y al turismo, rubro que también se ve afectado por la falta de agua potable y la bajante del cauce hídrico.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.