Carlos Capurro, experto en seguridad y defensa, mencionó a la radio Universo 970 AM que al analizar los secuestros anteriores, se puede determinar que el tiempo juega a favor de los epepistas. “Jugar con el tiempo les deja a ellos como los dueños reales de la situación, quiénes marcan los plazos y las condiciones. El transcurso del tiempo muestra además la ‘ineficiencia’ del Estado, como un actor que no hace nada o que no tiene la iniciativa estratégica”, esgrimió.

El especialista explicó que en estos casos se aplica una máxima en la que, si el Estado no consigue un resultado concreto, significa que está perdiendo, mientras que para los guerrilleros, el no perder equivale a un triunfo.

Capurro señaló que una situación de “jaque” permanente en estas cuestiones tiene altas posibilidades de un desenlace negativo. “En poder de fuego ellos no tienen la posibilidad de doblegar al Estado, entonces a través de este tipo de situaciones buscan generar estos escenarios que demuestren la ‘inutilidad’ del Gobierno. Nos lleva a pensar también que la retención del señor Denis se vuelve una garantía o un escudo ante cualquier operación que pueda realizar el Gobierno, es el as bajo la manga con lo que ellos cuentan”, resaltó el experto.

Por otra parte, dijo que le cuesta mucho encontrar el sentido a la conferencia de ayer, en la que se informó que el liberado Adelio Mendoza dio positivo a Covid-19 y que es muy probable que también lo tenga el secuestrado Óscar Denis. Aseguró que esta noticia solo transmite una angustia tremenda a la familia y no logra el cometido, si así lo fuera, de sensibilizar a los integrantes del EPP para que dejen en libertad al hombre que está en grupo de riesgo. “Este tipo de cosas no les conmueve, no suma ni resta (en la lucha), solo genera preocupación y angustia en la familia”, puntualizó.

El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mantiene secuestrado al exvicepresidente de la República Óscar Denis, desde el miércoles 9 de septiembre. Mientras que ya liberó al peón Adelio Mendoza el pasado 14 de septiembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.