Seis diputados presentaron un proyecto de ley que crea el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información (Micotic).

Si bien el proyecto no presentaría a priori problemas legales, se daría con ello un escandaloso conflicto de intereses, ya que un exdirector de un pool de medios regulará todo lo relacionado al tema.

En los últimos años el empresario paraguayo Antonio Juan Bautista Vierci, más conocido como A.J. Vierci ha acaparado los medios de comunicación, puesto que a su holding integrado por los canales Telefuturo, La Tele además de Última Hora, Monumental AM 1080, FM Urbana 106.9 y E40 91.1, también se sumaron hace un par de años el Canal 2 de la Red Guaraní, Radio Palma y el diario Extra.

Conatel, que es la institución que debe precautelar los intereses del Estado paraguayo, había anunciado en su momento una investigación puesto que el alquiler del canal de televisión se realizó sin autorización según su reglamentación.

La situación de la Red Guaraní y las negociaciones con el grupo Vierci, bajo el concepto de “arrendamiento”, se mantuvieron por mucho tiempo en secreto.

A raíz de las denuncias, Conatel solicitó un informe a los propietarios de Red Guaraní sobre el contenido de los programas y la grilla, puesto que no existió ninguna autorización de traspaso ni de alquiler.

La pérdida del control de la dirección y administración de sociedades concesionarias o licenciatarias sin autorización de la Conatel constituye una infracción pasible de las sanciones, que incluso pueden llegar a la pérdida de licencia, reza parte de las Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones, como lo es en su artículo 69.

La Conatel debía haber evaluado el poder en el mercado y en lo económico de los medios y qué consecuencias acarrearía esta unión.

A estos se suma, que uno de los canales hoy manejados por el Grupo Vierci, La Tele, es un canal que a juzgar por lo que establecía el pliego de bases y condiciones en la licitación de la licencia debió ser un canal educativo. Sin embargo, hoy se observa que ese medio en particular, se explota con un fin netamente comercial y sin contenidos que apunten al objeto de la licitación.

Estas son solo dos situaciones irregulares que se presentan dentro del Grupo Vierci, que son cuestiones que el ente regulador Conatel los debe resolver.

CONFLICTOS DE INTERESES.

A partir del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que crea el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información (Micotic) y su correspondiente carta orgánica, que de aprobarse el proyecto, el considerado “superministerio” estará cargo de Alejandro Peralta Vierci.

Conforme a lo establecido en el proyecto, Micotic es una fusión de varias instituciones, pero en la práctica permitirá al futuro presidente Mario Abdo Benítez dar superpoderes a Peralta Vierci en las telecomunicaciones, al manejar las licitaciones de medios de comunicación, de las telefónicas, entre otros.

Lo llamativo del caso, es que el proyecto se había presentado la semana pasada de manera sigilosa y aparecen como proyectistas los diputados colorados Colym Soroka, Arnaldo Samaniego, Cristina Villalba y Ramón Romero Roa, el liberal Antonio Buzarquis y de la encuentrista Norma Camacho.

El documento, que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras y Comunicaciones, Presupuesto, y Ciencia y Tecnología, brinda una especie de superpoderes a quien ocupará dicho ente estatal.

Proponen que la Secretaría Nacional de la Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom) y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), con su anexo de personal pasen a formar parte de la nueva institución como Viceministerio de Comunicaciones y Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Si bien este planteamiento no es reprochable desde el punto de vista legal, sí es cuestionable la coyuntura, al pretender sentar en el control de la institución a un alto referente de uno de los de los medios de comunicación con mayor presencia en el mercado. Se trata de Alejandro Peralta Vierci, excompañero de colegio del presidente electo, quien se desempeñaba como director de Medios de Comunicación del empresario AJ Vierci, quien es su tío.

Además de esta fusión de dos ministerios, se suma otro punto en el llamativo proyecto presentado, el cual señala que Conatel tiene como nexo con el Poder Ejecutivo a Micotic, antes dependía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Esta situación expone un abierto conflicto de intereses o riesgo de la injerencia política en el ámbito de las comunicaciones, al ser la Conatel un ente regulador del espectro de las telecomunicaciones y pasará a estar a cargo de un integrante importante de la familia Vierci. Esto ya genera una preocupación en la competencia privada, ante el control político de las radios, televisoras, telefónicas, etc.

OTRA SITUACION IRREGULAR.

Además, el proyecto de Ley resalta que Copaco no tiene ninguna disposición normativa que lo vincule con el Ejecutivo, por lo que propone su inclusión a Micotic. El problema que se dará de correr esta intención será que Copaco posee Vox y así será parte de la regulación y además competidor, configurándose así un roce legal desde el mismo sector público.

Semanas atrás, el futuro ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, dejó entrever que Alejandro Peralta Vierci, quien estará al frente de la Sicom, podría ser una especie de zar de las comunicaciones en el siguiente gobierno, y llamativamente, una semana después de este anuncio, ya se presentó el proyecto de ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.