En una rueda de prensa, tras reunirse en el Palacio de Gobierno el Comité Ejecutivo de Emergencia Nacional, Roa informó de que ya “han sido asistidas el 80,2 %” de esas familias, unas 16.300, y que las restantes lo serán en “las próximas horas”, debido a que el acceso a algunos lugares resulta complicado.

Aseguró que el monto de dinero es “suficiente” para paliar las necesidades de los afectados y recalcó que el Gobierno “cuenta con todos los insumos humanitarios que se requieran” para afrontar las inundaciones y que el Estado movilizó a 800 funcionarios para asistir a los afectados.

Roa relató que hasta la fecha, el Ejecutivo distribuyó 780 toneladas de alimentos y que vehículos de las Fuerzas Armadas, tanto terrestres, como aéreos, fluviales y anfibios, se están destinando a “facilitar las evacuaciones”.

Además, indicó que la Armada es la encargada de “brindar seguridad” a aquellos barrios desalojados, para evitar posibles pillajes.

Paralelamente señaló que en la capital el número de familias desplazadas ascendió a 3.089, principalmente de los conocidos como “bañados” sur y norte, y que para ellos habilitaron cuatro predios para acogerlos, que cuentan con electricidad y agua potable.

Añadió que dispone de 3.300 lugares para el mismo número de familias, en caso de que el número de desplazados aumente en las próximas dos semanas, debido a las previsiones de lluvia.

En ese sentido, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, presente en la reunión y la conferencia de prensa, señaló que la Municipalidad también puso a disposición de la SEN “varios albergues” que, reconoció, “no son los ideales”, ya que se trata de descampados donde los damnificados construyen viviendas precarias temporales.

El alcalde previó que la evacuación podría durar “90 días” ya que “el retorno es gradual”.

El titular de la SEN explicó que se trata de una situación “atípica” ya que la temporada de lluvias se ha adelantado un mes, y que desde hacía “48 años el río no tuvo este ascenso tan rápido”, ya que desde el 15 de marzo ha crecido 3,4 metros, hasta alcanzar los 6 metros sobre su nivel normal.

La crecida “responde a la gran cantidad de agua caída en Paraguay”, donde en algunos departamentos se triplicó la media de pluviosidad mensual para esta época del año.

El jefe del Gabinete Civil, Julio Ullón, indicó que el Gobierno y la Municipalidad “trabajan para encontrar una solución definitiva” al desplazamiento de miles de familias que, cada año, producen las crecidas del río Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.