Por Santiago Rodríguez
santiago.rodriguez@naciónmedia.com

Faltando apenas 25 días para que se cumpla el plazo establecido para la entrega de la nueva “Línea de molienda de caña de azú­car” en la planta de Petró­leos Paraguayos (Petropar) en la localidad de Mauricio José Troche, está en dudas la capacidad financiera de la empresa Estructura Ingenie­ría (EISA) contratada para la construcción. Se plantea una gravísima situación de que la contratista que cobró unos US$ 6 millones en con­cepto de anticipo, al parecer no cuenta con los fondos para cumplir con el convenio con la empresa estatal.

La última reunión realizada el viernes pasado entre repre­sentantes de Petropar y el gre­mio de cañicultores, quie­nes presionan fuertemente para que se ponga en marcha la construcción con la cual se verán beneficiadas unas 45.000 familias, fue práctica­mente letal para los objetivos, ya que se habló de buscar un financista para lo que hasta ahora es un proyecto fallido, sin avances, apenas un baldío pese a llevar 11 meses el con­trato firmado entre el Estado y el proveedor.

La reunión tuvo lugar en la planta de Troche, en repre­sentación de Petropar estu­vieron presentes la encargada de obra, Andrea Sánchez, y el gerente de la planta en Mau­ricio José Troche, ingeniero Sixto Paredes. Mientras que, de parte de la constructora adjudicada, EISA, no se pre­sentó nadie, según nos con­firmaron.

La petrolera se encuen­tra actualmente buscando nuevos financistas con los cuales poder dar inicio a la obra, ya que según trascen­dió, EISA se encuentra sin fondos para comenzar con la construcción que ya se debería estar terminando.

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Esta situación no es más que una bofetada tanto para los cañicultores que dependen de la obra en cuestión como para todos los contribuyen­tes, puesto que esta cons­trucción fue adjudicada el 30 de noviembre pasado por un total de US$ 28,7 millo­nes y desde entonces ya se desembolsaron unos G. 41.778 millones del dinero estatal.

El desembolso de este 20% del total se realizó en febrero de este año, justamente para dar inicio a los trabajos. Sin embargo, pese a que ya pasa­ron más de 11 meses desde la adjudicación y 9 desde que se efectuó el primer pago, hasta hoy día en el lugar no se colocó ni un solo clavo y en el sitio solo se puede observar un terraplén.

Según el contrato, la obra debía completarse a los 330 días desde la firma de la orden de suministro. En el docu­mento se muestra en deta­lles las etapas de la obra y que según el cronograma estipula la toma de muestras más el levantamiento de una caseta (180 días); luego el tinglado de la línea de molienda (210 días); y preparación de caña (270 días), entre otros.

En el mismo documento, tam­bién se especifica que varias de las piezas necesarias para el tren de molienda deberán ser importadas de empresas brasileñas (Simisa, Turbimaq y Renk Zanini) con quienes se pusieron en comunicación representantes del gremio de cañicultores, confirmándo­les dos de ellas (Simisa y Renk Zanini) que la fabricación de estos componentes fueron parados por falta de pago y la tercera (Turbimaq) ase­gurando desconocer del pro­yecto, ya que, según refiere el representante del gremio, no hubo comunicación alguna de parte de la contratista.

SILENCIO

Al respecto, desde la Unidad de Investigación de Nación Media intentamos ponernos en comunicación tanto con el ingeniero Paredes, de Tro­che, así también preguntamos por otro representante de la petrolera que pudiera aclarar el panorama. Sin embargo, la única respuesta que obtuvi­mos fue que “hay un equipo que se encarga de coordinar el proyecto”, lo cual sigue dejando en la duda de ¿qué pasó de los US$ 6 millones pagados por Petropar?; ¿por qué hasta ahora no se avanzó con la obra?; y ¿por qué Petro­par guarda tanta reserva al respecto?

Por otra parte, hay que recor­dar que desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se inició una investigación a la adjudica­ción de la obra a raíz de una denuncia anónima que señala un claro incumplimiento del contrato.

Entretanto, los cañicultores afectados quedan pendien­tes de las reuniones y pro­mesas que obtienen desde Petropar. “Entre hoy (por ayer) y mañana nos deben dar novedades sobre cómo se va a avanzar con la obra”, sostuvo Édgar Ortiz, repre­sentante del gremio de cañi­cultores que está ejerciendo presión sobre la estatal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.