En entrevista con Radio Monumental, la abogada Cecilia Pérez, quien ayer fue confirmada como nueva viceministra de Política Criminal en reemplazo de María Alejandra Peralta, señaló que al momento de recibir la invitación de parte del ministro de Justicia, Eber Ovelar, para volver a formar parte de dicha cartera el principal pedido que le hizo fue “que le permita trabajar”.

“Yo le dije que necesitaba trabajar en cuestiones concretas, en proyectos. Este ministerio se incendia y aparte de eso tiene un problema de las cuestiones urgentes que se deben ver sobre las cuestiones importantes. Yo necesitaba saber si iba a tener la libertad de trabajar en las cuestiones técnicas porque acá hay que tomar medidas urgentes”, indicó.

Entre algunos de los aspectos que a su criterio deben ser revisados de manera pronta se encuentran las condiciones administrativas que hay dentro del sistema penitenciario, dado que existe una necesidad urgente de paliar el poco personal operativo en las cárceles.

Respecto a este mismo tema, mencionó que uno de los principales problemas tiene que ver con la corrupción imperante. Por ello, considera oportuno empezar un proceso de depuración y luego de eso equiparar los espacios que van quedando libres, pero ya sin meter a operadores políticos o amigos en los diversos cupos.

“No estamos para hacer compensaciones para los amigos en este ministerio y en estas condiciones, esa fue una condición que pedí (al ministro de Justicia)”, afirmó Pérez a la 1080 AM.

La misma aseguró que se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para hacer una contención en todo lo referente al ámbito, aunque también habló sobre proyectar una inversión a largo plazo y dentro de eso impulsar nuevamente la ansiada Reforma Penitenciaria.

Otro de los puntos sobre los que planea enfocarse es en el proyecto de “Instituto de Formación Penitenciaria” cuyo esquema ya había sido diseñado cuando ocupó el cargo de viceministra de Política Criminal durante el gobierno anterior.

En el mismo orden de cosas, habló sobre la necesidad de construir más cárceles, sobre todo porque actualmente se registra una escalada de comisión de hechos punibles y cada vez más personas necesitan ser derivadas a centros penitenciarios para guardar reclusión.

Pérez también se refirió sobre el estado en el que se encuentra la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y sostuvo que “es todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario” debido a las múltiples deficiencias por las que atraviesa hoy día, principalmente por el hacinamiento y la superpoblación.

A su criterio, “tarde o temprano” tanto la cárcel de Tacumbú como la del Buen Pastor deberían ser clausuradas de manera definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la mala ubicación geográfica de ambos presidios. “Los centros penitenciarios naturalmente no están en medio de la ciudad, si hay un episodio en el penal puede afectar a toda la zona. Hay ciertas medidas de seguridad extrema que son difíciles de aplicar si estamos en un barrio populoso, especialmente los bloqueadores de celulares, son aparatos muy caros y si uno pone en Tacumbú o el Buen Pastor anula toda la señal de la zona y el vecino no tiene por qué verse afectado”.

La viceministra indicó que hace unos años atrás ya se había hecho una tasación para determinar cuánto podría valer el inmueble de la cárcel de mujeres ubicada en el cruce de Mariscal López y Defensores del Chaco, además de un estudio para calcular cuál era el valor histórico del sitio.

En este caso, el plan contemplaba que el dinero recaudado con una eventual venta de la propiedad pueda ser utilizado para construir una nueva cárcel para mujeres, acorde a las exigencias y necesidades específicas de este sector de la población penitenciaria.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.