El Dr. Vicente Vega, jefe de terapia intensiva del Hospital San Pablo, manifestó su preocupación debido al incremento de mujeres embarazadas con COVID-19 que llegan hasta el centro asistencial, según detalló, son pacientes jóvenes con un promedio de 30 semanas de gestación.

“Llegan en condiciones sumamente graves a la terapia intensiva. Actualmente tenemos 6 pacientes embarazadas con COVID-19 con cuadros respiratorios severos y pronóstico reservado. También hubo casos que luego del alumbramiento, se complicaron con la enfermedad, tenemos puérperas internadas. Estamos al tope, totalmente rebasados en todas las terapias y ya no podemos recibir más pacientes y tenemos varios pedidos. Estamos en una situación difícil y bastante crítica”, expresó en comunicación con radio UNO.

En cuanto al tratamiento a las embarazadas, el especialista explicó que es similar al que siguen otros pacientes contagiados, sin embargo, son dos vidas las que se deben cuidar: de la madre y del bebé.

Este hecho pone en una situación compleja al personal de blanco, ya que el comportamiento clínico de la madre a veces obliga a realizar la interrupción de la gestación (menos de 30 semanas) y sacar al bebé sin haber cumplido la etapa de maduración dentro del vientre. No obstante, hay casos donde la paciente responde bien al tratamiento, por ende, el bebé evoluciona bien.

“Todas las decisiones se toman en conjunto y tratamos que sean lo mejor para ambos (madre e hijo). En el tratamiento reciben ventilación, las dormimos y las tenemos boca para abajo, se les suministran a veces medicamentos fuertes que por supuesto afectan al bebé pero lastimosamente debemos poner en la balanza ‘riesgo-beneficio’”, agregó.

El doctor Vega, indicó a su vez, que hay madres que ingresan bastante graves y los bebés presentan signos vitales alterados. “Tuvimos casos donde lastimosamente decidimos quién vive, si la madre o el bebé, y priorizamos a la mamá porque tienen 3 o 4 hijos más. El tratamiento que siguen es mucho más agresivo buscando el beneficio para la mujer y es dañino para el ser que lleva dentro”, explicó.

Finalmente, el médico lamentó la situación y mencionó que el virus está ganando. “Estas pacientes son jóvenes y sus familiares ahora entienden la fuerte realidad. Este virus no respeta nada. Lo único que nos queda es cuidarnos todos y cumplir con las medidas sanitarias, evitarse a lo máximo las cosas innecesarias”, aconsejó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.