Giménez explicó que con esta emisión de bonos, la cuarta desde 2013, el Gobierno busca pagar deudas anteriores y además destinar una inversión de 187 millones de dólares a proyectos de infraestructura que ya se encuentran en ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Con la nueva emisión, el total de deuda pública de Paraguay se ubica en 6.700 millones de dólares, por debajo del rango del nivel de “deuda sana” de entre el 30 y el 45 % recomendado por el FMI, en un estudio que tiene en cuenta los indicadores específicos de la economía del país.

“Estamos lejísimos del nivel de deuda recomendado, cuando lleguemos al 45 % debemos preocuparnos”, comentó Giménez.

Agregó que los niveles de inversión en Paraguay se duplicaron en los últimos cuatro años con respecto a los ocho años anteriores, como prueba del compromiso del Gobierno de apostar a las inversiones, y que la manera de hacerlo es a través de deudas públicas.

Subrayó que no se puede invertir o pagar deuda exclusivamente desde los ingresos corrientes porque se pueden descuidar los programas sociales que son los primeros en sufrir recortes cuando hay algún déficit.

Giménez detalló que el 3 % del PIB se destina a inversiones, la mitad con deuda pública y la otra mitad con ingresos corrientes, que serían los impuestos y los pagos por excedentes de energía de las hidroeléctricas binacionales.

“No es que Paraguay carezca de recursos para invertir, tenemos los recursos pero necesitamos invertir mucho más”, enfatizó Giménez.

Aclaró que en Paraguay hay una “regla de oro” que impide que las deudas sean utilizadas para gastos corrientes, la cual estipula que se utilicen para pagos de deudas anteriores e inversiones, garantizando de esta manera el flujo de dinero.

“No es un saco roto, es un saco donde metes el dinero y ese dinero se va a transformar en más dinero porque esta inversión genera un rédito en fuentes de trabajo y mayor productividad”, añadió.

El anuncio de nuevas emisiones de bonos se produce en medio de una polémica entre el Ejecutivo y parte del Senado, que argumenta que la emisión debe de ser consultada al Parlamento.

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que no es necesaria esa consulta ya que para este año está vigente el presupuesto de 2016, después de que vetara el proyecto de presupuesto del Senado, que planteaba limitaciones a la emisión de bonos.

En ese sentido, Giménez dijo que la emisión de bonos está incluida en el presupuesto de 2016, que rige este año, y expresó su confianza en que la polémica no tenga efecto en el mercado internacional de capitales.

“Si esto se empieza a complicar tendría un impacto que se traduce en una tasa mayor, un interés mayor sobre los bonos colocados en el mercado internacional”, dijo Giménez.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay resolvió el martes a favor de la emisión de bonos soberanos este año por parte del Ejecutivo sin la autorización del Congreso, días después de que diera trámite a una acción de certeza constitucional solicitada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.