​Bajo el lema “Igual valor, iguales derechos”, y portando objetos relacionados con el trabajo en el hogar, como escobas, cepillos, productos de limpieza o cucharones, más de un centenar de manifestantes, en su mayoría mujeres, reivindicaron el trabajo remunerado en el hogar como una “tarea indispensable con el mismo valor que cualquier otro trabajo”.

La manifestación contó además con la participación de representantes de las trabajadoras domésticas procedentes de Argentina, Uruguay y Brasil, que prevén debatir este jueves en un seminario sobre la crisis del modelo de cuidados en el ámbito del Mercosur.

“Venimos a la marcha a exigir al Gobierno cobrar lo que nos corresponde por los trabajos que tenemos. No tener los mismos beneficios humilla a las trabajadoras domésticas. Se lava, se plancha, se cocina… se hace de todo, y ganamos muy poco”, expresó a Efe Celsa Barrios, de 62 años, trabajadora doméstica del barrio La Chacarita, próximo al centro de la capital.

Agregó que muchas veces las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas “dependen del patrón”, que en muchos casos no las inscribe en el Instituto de Previsión Social (IPS, la seguridad social paraguaya), o las obliga a lidiar con bajos salarios, e incluso malos tratos y humillaciones.

Barrios anhela que el Gobierno paraguayo conceda beneficios de jubilación a las trabajadoras domésticas, para poder así retirarse de un trabajo que lleva ejerciendo “desde los dieciséis años” y gracias al cual mantuvo a sus seis hijas.

Por su parte, Zenaida Colina, de 32 años y secretaria de la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico de Paraguay (ADESP), dijo a Efe que es necesario “que se valore que el trabajo doméstico tiene la misma calidad que otros tipos de trabajos, y se trabaja el mismo número de horas o incluso más, por lo que merece la misma remuneración”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.