La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley “Que regula el empleo a tiempo parcial”, el cual había sido presentado en el año 2018 como resultado de un proceso de diálogo desarrollado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones empresariales y sindicales.

La propuesta legislativa tiene como fin “regular el funcionamiento de la contratación de trabajadores a tiempo parcial en búsqueda del mejoramiento de sus condiciones laborales”.

Asimismo, se pretende dar un marco regulatorio para la formalización de más de 129.000 personas que, según las estimaciones, se encuentran trabajando bajo la modalidad de empleo parcial, además de otorgar mayor flexibilización de horarios de trabajo para jóvenes y mujeres que no están disponibles para cumplir jornadas de 8 horas diarias.

EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

El proyecto de ley refiere que el trabajo será considerado “a tiempo parcial” cuando la actividad laboral del trabajador tenga una duración de entre 16 a 32 horas semanales.

Asimismo, establece que el contrato de trabajo deberá formalizarse por escrito y que cualquier tipo de contrato celebrado entre el trabajador y el empleador que supere las 32 horas semanales será considerado como “relación laboral a tiempo completo”.

El documento señala que las modalidades de contrato podrán ser establecidas “por tiempo determinado, indeterminado, continuo, discontinuo, ocasional” u otras formas a ser determinadas en la reglamentación respectiva.

Dentro del límite de horario semanal permitido, se podrán distribuir las jornadas de trabajo estableciéndose el número de horas al día, de días a la semana o de semanas al mes en que el trabajador deberá cumplir con su labor en la empresa.

PAGO DE HORAS EXTRA

En caso de que el empleado supere el total de horas máximas de trabajo fijadas en la presente ley, el empleador deberá retribuir las horas complementarias trabajadas, es decir, estará obligado a pagar horas extra.

El total de horas semanales complementarias no podrá exceder el 10% del total de horas semanales establecidas en el contrato, dentro del límite de las 32 horas semanales establecido en la ley.

En caso de que la jornada diaria tuviese una duración superior a las 5 horas de trabajo, la jornada se dividirá en dos partes con un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores, el cual no será menor de media hora.

Según el proyecto de ley, el tiempo de descanso no se computará dentro de la jornada de trabajo.

CÁLCULO DEL SALARIO MENSUAL

La normativa establece que la remuneración de los trabajadores a tiempo parcial se calculará teniendo en cuenta la cantidad de horas trabajadas. Dicho cálculo se realizará sobre la base del salario convenido entre la partes, divido 26 días y el resultado dividido por 8 horas.

La ley contempla que en ningún caso podrá utilizarse una base de cálculo inferior al salario mínimo legal vigente (en este caso, G. 2.112.562) para efectuar el cálculo de las remuneraciones por hora del trabajador a tiempo parcial.

Cabe recordar que, actualmente, el monto establecido por cada hora de trabajo es de G. 10.156.

VACACIONES

Según el proyecto de ley, el trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo, tal y como en los casos de trabajo a tiempo completo.

La duración de las vacaciones se regirá por lo dispuesto en el Código del Trabajo. En este caso, para trabajadores de hasta 5 años de antigüedad se establecen 12 días hábiles corridos; para trabajadores con más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad, 18 días hábiles corridos; y para trabajadores con más de 10 años de antigüedad, 30 días hábiles corridos.

SEGURO SOCIAL DE IPS

El empleado que se desempeñe bajo esta modalidad de trabajo será sujeto del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), lo cual se dará por cada vínculo laboral que desempeñe.

El porcentaje de los aportes al IPS serán los mismos establecidos para el régimen general del seguro social, lo cual significa que el empleado sufrirá un descuento del 9% sobre su salario mensual y el empleador deberá realizar un aporte del 16,5%.

La base imponible que se tendrá en cuenta para estos aportes será la remuneración efectiva que perciba el trabajador a tiempo parcial. En caso de que la remuneración sea inferior al salario mínimo legal vigente, el empleador deberá completar el 100% del monto destinado solamente para cubrir el Fondo de Enfermedad-Maternidad. Por su parte, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones quedará cubierto por lo realmente ingresado en concepto de cotizaciones al seguro social.

De acuerdo al proyecto de ley, los trabajadores bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial tendrán derecho a todas las prestaciones de corto y largo plazo otorgadas por el seguro social del IPS, es decir, atención médica, internaciones, cirugías, además de la jubilación.

PLURIEMPLEO Y BONIFICACIÓN FAMILIAR

Los trabajadores a tiempo parcial podrán celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores y no se podrá pactar la exclusividad de servicios en favor de uno solo, de acuerdo a la ley. Con esto, se permite que los mismos puedan trabajar en más de una empresa sin restricción alguna.

De igual manera, también se contempla que el empleado tendrá derecho a percibir una asignación equivalente al 5% del salario mínimo mensual vigente por cada hijo, hasta su mayoría de edad, de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código Laboral.

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto de ley que regula el empleo a tiempo parcial será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.