En la ocasión, según informó el canal Gen / Nación Media se reúnen los empresarios y los trabajadores para analizar el nuevo proyecto de ley que plantea disponer de los bienes inmobiliarios de la previsional para “inversiones y colocaciones financieras”.

Jorge Alvarenga, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicó en entrevista con el canal GEN que temen que el proyecto sea tratado ya en la sesión de la Cámara de Diputados de mañana miércoles a tambor batiente, por lo que piden que la iniciativa sea retirada y a fin de realizar un mejor estudio de la misma.

Señaló que este proyecto es un peligro para los fondos jubilatorios que podrían quedar sin un respaldo y con esto se liquide la previsional en los próximos periodos. “Se dejan los fondos jubilatorios sin respaldo que son los bienes, el dinero está ahí en los bancos, pero los inmuebles son el respaldo de los fondos jubilatorios, esa es nuestra preocupación, que se vacíe el IPS, y con esto se trate de liquidar IPS en próximos gobiernos”, apuntó.

En uno de sus artículos, el proyecto contempla la posibilidad de autorizar la enajenación de inmuebles del Instituto de Previsión Social. A la fecha, la institución posee más de 1.000 propiedades a su nombre, algunas de ellas ocupadas actualmente por emprendimientos privados.

Belén Cantero, una de las impulsoras de la futura asociación de asegurados del IPS, indicó días atrás que el proyecto saltó “de la nada” y que llama la atención que haya surgido repentinamente. “Hay que estar alerta 24/7 porque en cualquier momento salta algo de este tipo porque IPS funciona como la gallina de los huevos de oro de los políticos de turno”, sostuvo.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto, a cargo de Arnaldo Samaniego, concedió dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto de ley  “Que crea el Consejo de Administración del Programa de Inversiones y Colocaciones Financieras de las Reservas del IPS”.

Hay que recordar que  el titular del IPS, Vicente Bataglia, pertenece al grupo de los Samaniego, específicamente al clan de Lilian Samaniego, considerada como la “dueña” del IPS.

El candidato a diputado por el movimiento colorado Fervor Republicano y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley Merlo, adelantó al diario La Nación que de prosperar la iniciativa, planteará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar su implementación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.