Inicialmente, la comunidad indígena Fray Bartolomé de las Casas, del Pueblo Maká, ubicada en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, reclamó que el puente Héroes del Chaco (conocido como Puente Chaco’i) se construyó afectando parte de los terrenos que el Estado les había cedido. Ese sitio fue elegido por los nativos por estar allí su cementerio. Ahora –con un nuevo emprendimiento empresarial- se sumaría otra usurpación de sus tierras.

Cuando se iniciaron las obras del puente, la empresa de Paul Hellmers –encargada de hacer el refulado- identificó una zona donde podía hacer un emprendimiento inmobiliario, aprovechando la obra vial que estaba en ejecución. Fue así que a la par comenzó a realizar dos trabajos de dragado y refulado, uno para el puente y otro para la zona del futuro barrio cerrado.

El emprendimiento en cuestión se llama Condominio Cerrado La Ribera, de la empresa Probienestar SA (Signature Desarrollos). El 4 de mayo de 2023, el Ministerio del Ambiente aprobó a la firma el ajuste al plan de gestión ambiental para construirlo en Villa Hayes. En el documento se deja constancia de que el proyecto se sitúa parcialmente dentro de la comunidad indígena Fray Bartolomé y dentro de terrenos inundables. Sin embargo, el 25 de septiembre pasado, el MADES resolvió suspender la resolución anterior a raíz del incumplimiento del plan de gestión ambiental.

La parte más pequeña del enmarcado en rojo es terreno de los Maká.

Pese a la suspensión, la empresa siguió con su actividad, por lo que el Ministerio intervino y ordenó el cese del dragado en el río Paraguay de la empresa, ya que estaba realizando dos trabajos, de los cuales uno no contaba con la aprobación ministerial y se estaba ejecutando cerca del puente.

Asimismo, el fiscal del Ambiente, Fernando Ariel González, notificó la suspensión a la empresa y requirió informes al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) sobre los trabajos de refulado hechos en las tierras de los Maká.

Según información a la cual accedió el programa La Caja Negra (Unicanal), aparentemente la empresa en cuestión estuvo sacando arena de cualquier sitio e incluso habría tocado el Riacho Payaguá, lo cual generó un completo rechazo ciudadano ante el inminente daño ambiental que se puede ocasionar en el lugar.

LOS MAKÁ, AVASALLADOS CON EL PUENTE

Los Maká vienen denunciando que la construcción del Puente Chaco’i se realizó sin consultarlos y afectando parte de sus terrenos. Justamente, la empresa que se encargó del refulado para esta obra fue la firma de Paul Hellmers, quien –de acuerdo a los antecedentes- había sido imputado por supuestamente dañar el medioambiente con el dragado para el megacasino en la isla San Francisco de Limpio.

Este hombre es un empresario muy cercano al Gobierno de Mario Abdo Benítez y llegó a viajar en helicóptero con el primer anillo presidencial, de acuerdo a fotografías captadas durante el viaje. Inclusive existen imágenes del helicóptero del empresario en el predio de la casa presidencial ubicada en la ciudad de Ayolas.

La empresa de Hellmers se vio beneficiada durante la administración anterior y mediante esto supuestamente estaría violentando las tierras de los Maká, quienes aducen que se incumplió con el protocolo de consulta y consentimiento, que es obligatorio para el Estado, en el marco de la construcción del puente.

El decreto N. 1039 establece que todos los proyectistas que pretendan afectar tierras indígenas, deben solicitar de forma escrita el permiso a los nativos, quienes pueden decidir aceptar o rechazar. Además menciona que la decisión de las comunidades debe ser respetada y no presionarlas para hacerlas cambiar de parecer.

Ante la denuncia de los Maká, quienes no fueron consultados para los trabajos que se tenían previsto en sus tierras, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tomó cartas en el asunto e inició un proceso de investigación por la invasión de las tierras de la comunidad indígena, para la construcción del Puente Héroes del Chaco, y de las infracciones cometidas con los trabajos de dragados y refulados que se efectuaron en la zona.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.