Entre las principales bases a seguir, los gremios firmantes de la nota mencionan que el Presupuesto debe ser austero en gastos corrientes, y suficiente en la inversión pública. Además indican que es imperiosa la continuidad de la Inversión Pública en Infraestructura en niveles cercanos al 3 %, para no aumentar la brecha en Infraestructura con relación al resto de Latinoamérica en los próximos años.

Así mismo se expresa que los recursos para la inversión deben provenir evitando contrataciones de funcionarios públicos, no crear nuevos cargos, ni otorgar aumentos salariales, congelar la plantilla salarial del estado, por lo menos por dos períodos fiscales, y reducir al máximo los beneficios excesivos del funcionariado público.

Por otro lado, se sugiere la eliminación del sistema de retiro voluntario de funcionarios públicos; la creación de nuevos ministerios, secretarias o instituciones públicas, incluido nuevos municipios, por dos períodos parlamentarios; evitar además convenios firmados sin autorización de líneas presupuestarias, por dos períodos parlamentarios; blindar recursos de binacionales y destinarlos exclusivamente para inversión en infraestructura; mejora de compras públicas, entre otros importantes puntos.

En cuanto a los ingresos se menciona la no introducción de cambios en el régimen impositivo. No crear nuevos impuestos, ni aumentarlos y o cambiarlos en base a interpretaciones de la Administración Tributaria. También se sugiere la implementación plena de la última Reforma Tributaria, reglamentar precios de transferencias, combate al contrabando, incentivos al uso de tarjetas electrónicas y pagos por empes, revisión del IVA, entro otros más.

Finalmente los gremios mencionados proponen una mesa de de trabajo público – privado, para articular la implementación del Plan de Reactivación de la Economía, y el proceso para adecuar las grandes transformaciones que el País necesita para el desarrollo y bienestar de su gente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.