El listado de adjudica­ciones de empresas vinculadas al sena­dor Luis Pettengill Vacca y su clan familiar publicado en nuestra edición impresa de ayer jueves fue disparán­dose con datos proporcio­nados por los lectores que identificaron otras megad­judicaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) y una heredada en Petropar sumando así contratos con el Estado por G. 6,3 billo­nes en la última década. (Ver infografías)

Pettengill es considerado también un “pulpo” de las licitaciones por la cantidad de multimillonarias adju­dicaciones que acapara en varias instituciones estata­les que se convirtieron en clientes fieles como el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC); la Ande, en el rubro de las construcciones a las que se suman el Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el IPS, tras su incorpora­ción al rubro de negocios de los insumos médicos. Cua­tro empresas y una red de consorcios en los que figu­ran el parlamentario y su clan familiar compuesto por una hermana de nom­bre Blanca María Pettengill Vacca; los hijos del mismo, Juan Carlos Pettengill Cas­tillo y Olivia Mercedes Pet­tengill Castillo, articulan facturaciones al Estado.

Una rápida revisión de algu­nos contratos entre las empresas del “pulpo” Pet­tengill y el Estado muestran que varios se encuentran en vigencia y aseguran traba­jos hasta el segundo semes­tre del año 2029, generando dudas sobre su inhabili­dad en el cargo, según los requisitos establecidos en los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional.

Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, que se refiere a las incom­patibilidades de las auto­ridades electas, “ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la repre­sentación de aquellas, por sí o por interpósita persona”. Mientras que el inciso 6 del artículo 197 señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputa­dos, “los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provi­sión de bienes al Estado”.

“Los ciudadanos afecta­dos por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, esti­pula también el artículo 97 de la Constitución.

En la declaración jurada de Pettengill, al asumir el cargo, había consignado acciones en una docena de empresas, entre las que apa­rece Frigorífico Guaraní, que tiene contratos en ejecu­ción con el Estado y adjudi­caciones después de que este se haya ubicado en el Con­greso, situación que coli­siona con los artículos 96 y 97 de nuestra Carta Magna.

Así también, el senador Pettengill declaró accio­nes por G. 51.000 millones en la Constructora Paraná, firma que en acta del 20 de junio del año pasado apa­rece como accionista de la megacontratista estatal Ocho A SA que, como parte del Consorcio GIS Redes Eléctricas, tiene contrato vigente hasta julio de 2029 con la Ande.

Los medios de prensa difun­dieron que Pettengill inscri­bió su candidatura a sena­dor el 6 de junio de 2022; sin embargo, en el acta del 20 de junio de 2022 de Ocho A SA estuvo presente como accio­nista, junto con la Construc­tora Paraná y su hijo Juan Carlos Pettengill. La ley exige desvinculación de al menos 90 días antes de suscripción de candidatura.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.