En julio de 2015, Abed remitió al fiscal general del Estado Javier Díaz Verón un escrito en el que confirmaba las falencias detectadas. La exministra de Justicia detalló que habían internos que pagaban por privilegios y comodidades y que funcionarios penitenciarios ofrecían esos beneficios.

La máxima autoridad del Ministerio Público designó a la fiscal Alicia Sapriza (de la Unidad Sector 1) como responsable de la denuncia, presentada por la entonces secretaria de Estado que ahora ocupa el cargo de consejera en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Al respecto, Sapriza emitió oficios solicitando informes pormenorizados al Ministerio de Justicia, a fin de determinar si configuraba un hecho punible o constituía sólo faltas administrativas.

Los documentos acompañados a la nota de Abed, en ese entonces, fueron dos fotocopias de publicaciones periodísticas sobre la celebración realizada por Carlos Rubén Sánchez, en su sitio de reclusión dentro del penal tras la victoria electoral municipal de su hermano en la ciudad de Capitán Bado.

Ante esto, la fiscal solicitó la nómina de guardias de los funcionarios penitenciarios quienes habrían cubierto los turnos aquel domingo 26 de julio de 2015. Además pidió, se informe sobre las medidas adoptadas atendiendo a que estos hechos “constituyeron faltas graves administrativas al control y seguridad del reclusorio”.

En respuesta, la cartera de Estado informó que designó al abogado Luis Alberto Barreto Ayala, como director interino de Tacumbú (ahora destituido), en reemplazo del abogado Gerardo Delvalle Sabino. Por su parte, la Asesoría Jurídica de dicha institución había informado que no obran antecedentes del caso en su asesoría y en consecuencia, no se instruyó sumario alguno. Sin embargo, hubo cambios en el centro penitenciario además de otras medidas como el traslado de internos de alta peligrosidad.

Por otra parte, el Ministerio señaló que el ahora exdirector general de Establecimientos Penitenciarios, Artemio Vera, tomó varias determinaciones administrativas, acompañadas de acciones operativas y de seguridad para mantener el orden penitenciario.

Según informaron desde Prensa de Fiscalía, la investigadora verificó en su momento la cárcel in situ para constatar los hechos denunciados y ahora nuevamente preparar nuevas diligencias. Por otra parte, la Unidad Especializada de Delitos Económicos analiza la denuncia presentada en por el encargado de despacho de Justicia, Ever Martínez, luego de conocerse el “hotel” que ocupaba el narco Javis Chimenes Pavâo.

Uno de los puntos corresponde al Mensaje Nº 90 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, por el cual solicita la “Autorización correspondiente para la salida temporal del país, del 9 al 25 de mayo de 2024, de 7 (siete) participantes entre Oficiales Subalternos y Suboficial, con sus respectivos armamentos y equipos, con destino a la ciudad de Panamá, República de Panamá, a fin de participar de la competencia Internacional de Interacción Militar, ´Fuerzas Comando 2024´”.

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El otro punto es referente a la “Autorización correspondiente para el ingreso temporal de embarcaciones pertenecientes a la Marina de Brasil, del 7 al 23 de mayo del 2024, a aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay, para la realización de la Comisión “Platina 2024″, con el navío Transporte Fluvial “Leverger”, y del Navío Patrulla Poti, medios de Flotilla de Mato Grosso, con la finalidad de estrechar lazos de amistad con la Armada Paraguaya y participar de las conmemoraciones del “213″ Aniversario de la Independencia de la República del Paraguay”.

Además de la “Autorización correspondiente para el ingreso temporal de cuatro (4) instructores invitados del “98″ Batallón de Asuntos Civiles de los Estados Unidos de América que participarán del Intercambio Conjunto Combinado Joint Combined Exchange Training’, de Asuntos Civiles con personal del Batallón de Ingeniería N° 4 Aquidabán”, con sus respectivos equipos y armamentos, que no serán utilizados durante el entrenamiento, a llevarse a cabo del 20 de mayo al 9 de junio de 2024.

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Al respecto de las solicitudes, el senador Patrick Kemper manifestó su posición por la aprobación de los mensajes, justificando que este tipo de actividades de intercambio favorecen el conocimiento y aprendizaje.

Funcionarios del MINNA, con apoyo de la CODENI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, realizaron una intervención en las calles de la ciudad de Encarnación.

Como resultado de este operativo, se logró el rescate de 9 menores de edad en situación de calle pertenecientes a la etnia Mbya Guaraní, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Según se detalla, 3 niños serían de la comunidad indígena Loma Hovy del distrito de Obligado y 6 de la comunidad indígena Guavirami de la localidad de Trinidad, ambos en el departamento de Itapúa.

En el caso puntual de los niños oriundos de Obligado, los mismos manifestaron haber llegado caminando hasta Encarnación mientras jugaban con una rueda, según precisó Jorge Ibañez, secretario departamental de Asuntos Indígenas.

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Por su parte, los menores oriundos de Trinidad estaban deambulando por los semáforos de la capital itapuense, probablemente pidiendo algunas limosnas a los conductores.

Luego del abordaje y rescate de los niños, se procedió a devolverlos a sus respectivas comunidades, cumpliéndose así con la misión de las instituciones responsables.

El plan elaborado por Paraguay apunta a competir con un proyecto rival boliviano para reutilizar los gasoductos existentes y transportar gas argentino a Brasil. Si alguno se concreta, marcaría un cambio potencial importante en los flujos de energía regionales, destaca la publicación.

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En conversación con la radio 1020 AM, Bejarano explicó que el proyecto, antes de ser presentado, fue analizado detalle por detalle y tiene beneficios económicos para todas las partes.

“Bolivia se está quedando sin reservas certificadas, por eso tenemos que intensificar este proyectos. Estamos buscando la financiación de este proyecto. El desafío que tenemos como país es el comercial”, expresó Mauricio Bejarano.

La obra implicaría una inversión estimada de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en parte del sector privado y en 4 años ya sería una realidad, sostuvo.

“Este es un proyecto trinacional, tendría un gran impacto positivo en el país. Vemos la posibilidad de vender este producto a Brasil”, concluyó el viceministro.