En una audiencia pública desarrollada esta mañana en la Cámara de Senadores, representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentaron el informe especial que contiene los hallazgos obtenidos tras una evaluación en la Academia Militar “Francisco Solano López”.

La muestra estuvo conformada por 53 cadetes, de ambos sexos, así como todos los cursos existentes en la institución y pertenecientes a todas las armas militares. Los/las entrevistado/as corresponde al 11,15% del total de alumnos/as, 475 conforme a la nómina proveída por las autoridades militares.

La intervención del MNP se llevó a cabo ante denuncias realizadas sobre aparentes hechos de tortura ocurridos en la institución, las cuales tuvieron amplia repercusión en diversos medios.

Entre los hallazgos realizados se destaca la “Hora 25”, denominación que le dieron al horario en que los cadetes del 4to. año obligan a otros de cursos inferiores a realizar diversas actividades sin supervisión de la oficialidad, esto después de las 00:00 hs.

Asimismo, durante las entrevistas las víctimas confirmaron la existencia de castigos físicos mediante el “descuereo”, consistente en realizar actividades físicas extenuantes como cambio de rodilla, tenderse y levantarse del piso, caballería ligera y marcha rastreante con el codo.

Otro hecho denunciado por los cadetes fue el llamado “trípode”, consistente en apoyar la cabeza en el suelo y con las piernas estiradas tocando el piso con la punta de los pies, haciendo que ambos sostengan todo el peso del cuerpo.

El “apysa rapó”, “kuã’i pysã jopy”, así como el “po pyte” o el “py pyte”, así como el “beso del infante”, son otros de los castigos físicos denunciados por varios de los cadetes entrevistados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Según señala el informe, el 16,98% de los entrevistados recibió algún tipo de golpe físico en la Academia Militar, mientras que el 65% presenció alguna vez cuando otro/a cadete recibía golpes o maltratos como sanción. Por su parte, el 38,46% fue insultado/a humillado/a tanto en público como en privado, incluso en presencia de otras personas.

Algunas de las recomendaciones del MNP son prohibir de manera absoluta la incorporación de personas menores de 18 años, establecer mecanismos de denuncias que garanticen la confidencialidad para evitar represalias, así como establecer sistemas de control en horario nocturno para disminuir los riesgos de abusos de autoridad, malos tratos y torturas. Así también, se insta a mejorar y ampliar la capacidad del circuito cerrado de seguridad, de manera a tener monitoreadas las áreas y espacios comunes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.