En el artículo sostienen que en los últimos años, Paraguay obtuvo “repetidas ventajas” del Brasil, ya que hace unos 10 años logró triplicar la cantidad cobrada por energía dada al vecino país. Comentan que recibimos de ellos un total de US$ 200 millones, para la construcción de la línea de transmisión Itaipú-Asunción.

Entre los “beneficios” obtenidos, marcan que Brasil se comprometió a construir dos puentes más en la frontera.

Hablan además de la crisis generada en nuestro país, con respecto al acta bilateral que generó una profunda crisis en el gobierno de Mario Abdo Benítez, provocando renuncias y destituciones en el gabinete presidencial.

“Según la prensa, las actas previeron nada más que la regularización de la contratación anual de energía y energía de la planta por los dos países en virtud del Tratado de Itaipú. Este no es un nuevo acuerdo, sino un plan para hacer cumplir algunos de los términos del tratado acordados en 1973 que no se estaban cumpliendo”, refiere el artículo.

“Durante años, Paraguay ha eludido el Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece que los dos países deben contratar anualmente “fracciones de energía instaladas en la planta de energía” (cláusula II.2), con cada parte con derecho a “usar la energía eso puede ser producido por la potencia contratada por él “(cláusula II.4), y la obligación de pagar los costos incurridos por la planta” en proporción a las potencias contratadas “(cláusula IV.2)”, agregan los analistas brasileños.

Explican que “la venta paraguaya” proviene de la distribución asimétrica de la energía. “En 2018, Paraguay contrató solo el 10,6% de la energía, pero tomó el 34,7% de la “energía adicional”, lo que conlleva una menor parte de los costos, lo que lleva a una mayor participación de la energía más barata, pero sigue dividiendo los ingresos por regalías. Retribución de capital y reembolso de gastos de gestión y supervisión”.

Por ende, aseguran que “los grandes perdedores de esta asimetría son los consumidores brasileños”, que pagaron USD 37,40 / MWh por la misma energía que los paraguayos por USD 26,26 / MWh. “Es decir, los paraguayos pagan energía un 30% más barata que los brasileños”, agregan.

Puntualizan que, “como si esta ventaja no fuera suficiente, los paraguayos disfrutan de la remuneración por la asignación de energía, un pago adicional por la porción de la energía contratada por Brasil de las unidades generadoras paraguayas”.

En ese sentido, explican que el monto pagado al Paraguay por la transferencia de energía en 2018 fue de USD 327 millones. Cuando este pago se agrega a USD 37.40 / MWh, el monto final pagado por los brasileños aumenta a USD 41.45 / MWh.

“El tratado de Itaipú es muy beneficioso para Paraguay. Itaipú no solo proporciona más del 90% de la energía que consume nuestro vecino, sino que también es una fuente importante de ingresos para el país. Los montos que Paraguay recibe de Itaipú (suma de regalías, ingresos de capital, cargos de administración y supervisión y asignación de energía) exceden el monto pagado por la energía consumida por el país. En 2018, Paraguay obtuvo 15.043.900 MWh de energía y USD 249 millones de ingresos netos de Itaipú”, dice el escrito de los brasiños.

Por último, sostienen que “Paraguay no paga nada, recibe energía y aún gana dinero. Quien realmente sufraga todos los costos de Itaipú es el consumidor brasileño. Brasil debe revelar las cifras anteriores para contrarrestar el discurso de victimización que los políticos paraguayos han adoptado para aprovechar astutamente su posición negociadora. Y nuestros diplomáticos deben evitar que el consumidor brasileño vuelva a pagar la factura por el oportunismo de nuestros vecinos”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.