El argentino Diego Hernán Dirísio, propietario de la empresa IAS (Internacional Auto Supply) está casado con la paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, vicepresidenta de Supply, ambos, prófugos de la justicia en el marco del operativo Daovo, que investiga un caso de tráfico de armas a nivel regional.

Dirísio, apodado el señor de las armas, está sindicado como el que encabeza en nuestro país el esquema de tráfico, a través de la compra de armas fabricadas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, para luego revenderlas a facciones criminales del Brasil.

En tanto, la Policía Federal del Brasil ubica a Julieta Nardi como una pieza clave en el esquema y detalla las funciones que tenía:

Ayudar a Diego Dirísio en las negociaciones con los fabricantes de armas

Defender los intereses de Supply en los asuntos relacionados a los registros de compra y venta de armas ante la Dimabel

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Acompañar los pagos realizados por Supply a los fabricantes de armas

Mover las redes sociales y monitorear las incautaciones de armas en Brasil

Además, uno de los relatorios de la Policía Federal expresa que: “Julieta Nardi importa gran cantidad de armas de Europa y las revende en el mercado negro, especialmente a grupos criminales asentados en Ciudad del Este para la provisión a facciones criminales del Brasil”.

Los mensajes intercambiados entre Julieta y su esposo, evidencian que ella participaba activamente en las tratativas para la compra de armas, al punto de contactar personalmente con los proveedores.

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“Además de negociar las armas, Julieta acompañaba la etapa de pagos a los fabricantes, la cual, no era hecha de forma lícita. Inclusive acompañó el proceso de transferencia de dinero a Croacia y las dificultades que Dirísio enfrentó para encontrar un hombre que garantice la transferencia de valor y la continuidad del emprendimiento”, indica la investigación policial.

Debido a todos estos indicios, la justicia federal brasileña solicitó a la Corte Suprema de Paraguay la emisión de orden de captura y de prisión de Julieta y su pareja, con fines de extradición.

Hasta el momento no fueron encontrados, por lo que, se emitió un código rojo en la Interpol para la búsqueda internacional.

Desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), manifestaron una profunda preocupación por los casos de pacientes que han debido interrumpir su tratamiento debido a la falta de medicamentos esenciales para tratar su enfermedad, como el original de Adalimumab y el Tocilizumab.

Ambos son anticuerpos monoclonales, incluidos en el grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoidea.

Señalan que llevan más de tres meses sin recibir los medicamentos indicados por su médico tratante, lo que ya está afectando su salud y bienestar.

Según denunciaron, las últimas dosis de Adalimumab se entregaron en octubre y las últimas dosis de Tocilizumab se entregaron en diciembre.

Aproximadamente 300 pacientes con la enfermedad dependen de estos medicamentos en el IPS y hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar medidas ante la falta de suministros.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

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En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

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A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.