Nada se sabe del matrimonio desde hace semanas, cuando se ejecutó el Operativo Davoko, el mayor procedimiento contra el tráfico de armas que, según Acosta, solo forma parte de un ensañamiento político contra su defendido.

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Reconoció que Diego Dirisio y su esposa Julieta Nardi están en estado de rebeldía, pero se encuentran en Paraguay, nunca salieron del país.

“Esto es una apropiación de un bien material que tiene una suma alta, y después cuando logremos desbaratar todo este montaje, ¿nos van a devolver nuestras armas o se nos van a indemnizar?, acá hay un atropello a las garantías, así cómo se van a presentar. Ellos están acá“, expresó el abogado a la radio 1080 AM.

Precisamente, sus declaraciones coinciden con el último movimiento migratorio registrado de Dirisio y su esposa que fue en julio de este año cuando ingresaron al país a través del aeropuerto Silvio Pettirossi.

El abogado Napoleón Acosta mencionó que su cliente seguirá prófugo e indicó que están armando un equipo para litigar en Brasil desde la clandestinidad.

“Si él se somete al requerimiento de Brasil, acá el juez va a decretar su prisión preventiva y eso significa extradición. La Constitución dice que hay que litigar desde la clandestinidad“, sostuvo.

El único rastro que se tuvo de Diego Dirisio hasta ahora, fue una camioneta a nombre de su empresa, Internacional Auto Supply SA (IAS), hallada en un estacionamiento en el microcentro de Asunción, siete días después del inicio del operativo.

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció que la alta demanda de personas que irán a Caacupé, se requerirá un gran número de buses, por lo que, el horario quedará liberado como cada año.

La medida rige desde las 12:00 hs del domingo 7 hasta las 18:00 hs del 8 de diciembre.

Desde Dinatran indican que los buses que prestarán servicios en estos días deberán contar con carteles específicos en el parabrisas, que indique hasta qué punto llega, “Hasta Caacupé” o “Hasta Ypacaraí”.

Con respecto a las tarifas, advierten que no debe sufrir ninguna variación. El precio más elevado es de 11.300 guaraníes, para aquellas personas que llegarán hasta la Basílica desde la ciudad de Coronel Oviedo.

Si los pasajeros detectan cobro indebido o irregularidades en los servicios de transporte de pasajeros prestados por empresas habilitadas por la Dinatran, está habilitado el número de WhatsApp 0962 352 235 para denuncias.

La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

“Estamos cubriendo cada detalle para que miles de usuarios viajen seguros, bien atendidos y sin contratiempos. Asunción está preparada para acompañar a todos los peregrinos en esta celebración tan especial para nuestro país”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

Este sábado Bello realizó un recorrido por las instalaciones de la EBA para verificar de qué manera se está llevando a cabo el operativo.

Recordó tarifas vigentes para los pasajes desde Asunción e informó que se está trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y Dinatran.

El fiscal Luis Fernando Escobar presentó imputación en contra del hombre que, además de docente, ejercía funciones como secretario de despacho, lo que le otorgaba influencia sobre la adolescente.

La víctima manifestó que el imputado le enviaba mensajes en distintos horarios, preguntando sobre su asistencia a clases, pidiéndole que acudiera a la dirección con excusas académicas y ofreciéndole intervenir en sus calificaciones. Incluso insistió en verla fuera del horario escolar y sugirió acercarse a su domicilio.

Cuando asistía al despacho, el docente le tomaba de la mano, la abrazaba y además intentó besarla en tres ocasiones, aunque ella se resistió. Estos episodios generaron incomodidad en ella y comentó a un familiar su deseo de no seguir asistiendo a clases. A raíz de esta situación, se radicó la denuncia formal.

Entre los elementos de sospecha se encuentran la denuncia remitida por la Subcomisaría 52 de la jurisdicción, la declaración testifical de un familiar y el informe de asistencia psicológica elaborado por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

El fiscal solicitó la imposición de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o sus familiares.