“Nuestro mayor anhelo, como Iglesia, radica, en colaborar desde la formación de una conciencia cristiana para la reconstrucción de nuestro pueblo, de nuestra nación paraguaya, iluminar con la luz del Evangelio la historia del Paraguay”, refirió este jueves el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela.

Resaltó que es necesario plantear una evaluación de la realidad actual, no simplemente para criticarla sino para enmendar errores, corregir desaciertos, reorientar la vida de la nación con el fin de no experimentar aquella amarga profecía del Señor Jesús sobre su patria que se dibujaba amenazante para el futuro cercano de entonces.

El obispo hizo una mirada a todos los aspectos de la vida de la nación: los ámbitos social o político, la economía, la educación, la Iglesia, la ciencia, la administración de la justicia, los poderes del Estado y todo aquello que incide en la dinámica cotidiana de cada paraguayo: los pobres, indígenas, los sin tierra, la droga, el narcotráfico, el uso y abuso de la política entendida hoy como negocio y tráfico de influencia.

“No pocas veces se escucha, en ciertos círculos, la errónea e interesada idea de que “la Iglesia no debe meterse en política”, una equivocación conceptual que se debe refutar con el mismo texto evangélico que se suele esgrimir para pretender silenciar la voz profética y arrinconar el mensaje del Reino de Dios en las sacristías y en la intimidad de la conciencia individual, como nos decía san Juan Pablo II, en el Palacio de los López”, comentó.

En otro momento indicó que la Iglesia “no se mete en política”, como se acostumbra decir; más bien ilumina la política con la Palabra de Dios porque “la política debe ser la forma más alta de caridad” (citando al Papa Francisco). “Desde el Papa León XIII (1891) con su Encíclica Rerum Novarum la Iglesia ha mostrado, con mayor fuerza, su preocupación por los trabajadores, por las políticas económicas y el bien común (upe ñande rupytypava entérope)”.

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En otro momento resaltó que el Estado no puede sobrepasar sus límites ni hacer lo que quiera con la imagen de Dios que es el hombre y la mujer, el anciano, el joven y el niño nacido y por nacer porque no son propiedad de Estado sino del Altísimo Señor. Y aquí interviene la Iglesia en su misión profética y humanitaria.

El monseñor Ricardo Valenzuela pidió a las autoridades nacionales que administren honestamente los recursos a favor de la gente y envió un fuerte mensaje contra la corrupción.

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— Diario HOY Paraguay (@hoypy) December 9, 2022

Añadió: “La Iglesia está llamada a impulsar el desarrollo espiritual de los creyentes y de todas las personas sobre todo en un tiempo, como el nuestro, en el que el pueblo se siente asediado y acosado por ideologías extrañas y por propuestas políticas y modelos administrativos carentes de seriedad y de sustento moral”.

Señaló que “lo político” y “lo social” no se pueden disociar y que es necesaria una rigurosa fiscalización del manejo de la cosa pública. “Todos deseamos una vida mejor, una vida digna, con trabajo, salarios justos, formación, salud, descanso como respuesta al propio esfuerzo, como lo hacen tantos padres y madres, hermanos, hijos, nietos, con tesón, en un esfuerzo mancomunado. También esperamos ese “esfuerzo” de nuestro “Cajero guasú”, el Estado paraguayo, cuyos administradores necesitan con urgencia lecciones rápidas de idoneidad y de honestidad”, resaltó.

Pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hagan bien lo que deben hacer y que administren honestamente los recursos que la gente les confía. Que los administren a favor de la gente, en especial de la gente humilde. Recordó en ese sentido que a las autoridades, el pueblo como soberano, no les ha dado poder para enriquecerse más y más como lo observamos a diario en las denuncias cotidianas de corrupción. Al contrario, se les otorgó la misión de resguardar e invertir el dinero público para el bien de los ciudadanos y sobre todo de los más necesitados.

El diputado liberal Adrián Vaesken planeó el pedido con el fin de conocer el impacto que tienen los amparos judiciales sobre los recursos públicos y determinar las causas que llevan a los pacientes a recurrir a la vía judicial para acceder a medicamentos, además de obtener información sobre el abastecimiento, las compras y las obligaciones pendientes con proveedores.

Entre los principales puntos, el documento solicita informar el monto total de dinero público ejecutado durante los últimos cinco años para la adquisición de medicamentos e insumos ordenados mediante amparos, discriminado por año, mes, tipo de patologías y medicamentos.

También requiere una relación detallada de los amparos judiciales presentados contra el Ministerio de Salud durante el mismo período, especificando el estado de cada proceso —en trámite, cumplido o incumplido— y el tiempo promedio transcurrido entre la notificación de la orden judicial y la provisión efectiva del medicamento.

Asimismo, se pide explicar “los motivos específicos que impiden al ministerio dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales”, además de detallar las medidas implementadas para disminuir la necesidad de recurrir a la Justicia y reducir los tiempos de respuesta ante los amparos.

El proyecto también apunta a conocer la estrategia y el plan de acción de la cartera sanitaria para reducir las compras de medicamentos vía amparos, incluyendo las políticas de planificación de adquisiciones, los mecanismos de alerta temprana ante posibles desabastecimientos y la situación de las deudas con proveedores que pudieran afectar el normal suministro.

Stock de medicamentos y situación de proveedores

Otro de los requerimientos contempla un “Listado actualizado de medicamentos oncológicos y de alto costo que se encuentran con stock crítico o en falta en la red de servicios de salud del Ministerio”.

En cuanto a los proveedores, se solicita un listado nominal de todas las empresas farmacéuticas y proveedoras que mantuvieron contratos vigentes con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años.

Para cada firma se requiere consignar la razón social y RUC, los montos facturados y percibidos, discriminados por año y tipo de medicamento o insumo, además de los números de licitación, contrato y orden de compra correspondientes.

También se deberá informar el estado actual de cada relación contractual, indicando si se encuentra vigente, suspendida, rescindida o finalizada.

El pedido incluye, además, información sobre empresas que, pese a contar con contratos vigentes u órdenes de compra emitidas, hayan interrumpido total o parcialmente la provisión de medicamentos e insumos.

En estos casos, se solicita precisar los productos afectados, la fecha aproximada de interrupción y los motivos alegados, como falta de pago, problemas de importación o conflictos judiciales.

El legislador solicita una relación detallada de las firmas proveedoras que hayan presentado protestas o impugnaciones contra los pliegos de licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud, especificando los procesos afectados y el estado actual de cada impugnación.

Con este pedido de informes, la Cámara Baja busca contar con datos actualizados sobre el uso de recursos públicos, el abastecimiento de medicamentos y las dificultades que enfrenta el sistema sanitario para garantizar oportunamente el acceso a tratamientos, particularmente aquellos de alto costo.

La Municipalidad de Asunción acompaña el proceso de conformación de la primera cooperativa de recicladores de nuestro país, que aglutinará a más de 100 trabajadores vinculados a la recuperación de materiales reciclables.

En el marco de esta iniciativa, se vienen realizando una serie de reuniones con gancheros que trabajan en el Centro de Transferencia de Cateura (antiguo vertedero), a fin de explicarles los alcances de la propuesta.

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La organización no se limitará exclusivamente a quienes trabajan dentro del relleno sanitario de Cateura, ya que busca integrar también a los que desarrollan sus actividades en otros sectores de Asunción, como la zona de Blanco Cué.

De igual manera, podrán incorporarse familiares de los trabajadores, como esposas, esposos, hijos e hijas, con el objetivo de fortalecer la participación de los propios recicladores y garantizar un adecuado control social.

La cooperativa de recicladores apunta a mejorar la comercialización de materiales reciclables, acceder a precios más justos y fortalecer el reconocimiento de su aporte ambiental y social.

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La asamblea de constitución se realizará el próximo domingo 30 de agosto, con primera convocatoria a las 07:00 hs y la segunda convocatoria a las 08:00 hs.  Ese mismo día, a las 10:30 hs, se prevé un acto con la participación de autoridades e instituciones que acompañaron el proceso.

Para avanzar en la formalización, la comuna asuncena previamente cumplió los plazos establecidos por la normativa y comunicó la convocatoria al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), además de realizar la comunicación correspondiente a los interesados.

El Puente de la Integración, paso que une Presidente Franco con Foz de Yguazú, registró su primera gran intervención contra el narcotráfico. Fiscalizadores de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron un cargamento de 304 kilos de presunta marihuana ocultos en un compartimento de doble fondo.

El sistema detectó una anomalía en la estructura del techo del rodado, lo que motivó a los agentes a realizar una verificación minuciosa hasta dar con la carga ilícita distribuida en decenas de paquetes.

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Tras el hallazgo fue aprehendido el conductor, identificado como Fernando Andrés Delgado, oriundo de Curuguaty. Según los datos preliminares, el hombre atraviesa una complicada situación económica y aceptó la oferta de un conocido para realizar el viaje hasta Brasil por la suma de G. 500.000.

Delgado refirió que le entregaron el rodado cargado en el km 11 de Ciudad del Este bajo la promesa de que estaba “vacío” y que solo debía ir a Foz para buscar mercaderías, desconociendo por completo la existencia del doble fondo en el techo.

El vehículo, registrado a nombre de un tercero, quedó incautado y sujeto a las medidas correspondientes por parte de la Senabico, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.