En entrevista con la 970 AM, Carlos María Ljubetic habló sobre el escenario político actual ante el inminente juicio político a ser impulsado contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.

Según explicó, en caso de darse la doble acefalía (la destitución de ambos), la Constitución Nacional indica que el presidente de la República tiene una orden de sucesión estipulada que arranca con el presidente del Senado, siguiendo con el titular de la Cámara de Diputados y por último con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de que el titular de la Cámara de Senadores asuma la presidencia del país, el mismo puede completar el mandato por el periodo de tiempo restante. En ese caso, se deberá convocar a nuevas elecciones para designar a un nuevo vicepresidente, indicó.

Ljubetic recordó que ya se había dado un caso similar en el año 1999 cuando Luis Ángel González Macchi había asumido la presidencia de la República luego del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la posterior renuncia del presidente Raúl Cubas Grau. En aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado, permitiéndole completar el mandato constitucional.

“La Constitución no establece la posibilidad de la elección del presidente. El presidente es sustituido en orden de prelación y el vicepresidente es el que está previsto que se le elija”, afirmó el asesor del TSJE.

Ljubetic sostuvo que “la decisión política es la que va a mandar en este caso” y no descartó la posibilidad de que, por un acuerdo entre los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, se logre convocar a unas elecciones dado que no asumirán en forma permanente.

El papel del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en esta cuestión sería la de convocar a elecciones en caso de darse el escenario planteado, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.