Almacenamientos y Distribución de Asfaltos SA (Aldia), firma que figura en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentadas hasta asumir el cargo, además de aumentar 450% sus valores de importación en años de fuerte crisis económica por la pandemia del covid-19, también generó millonarias utilidades en tiempos en que las empresas no dedicadas al rubro “de oro” promovido desde el Gobierno pasaron mal, muchas incluso tuvieron que cerrar.

Es sabido de la bandera insignia del oficialismo con la cantidad de rutas que fueron licitadas desde la asunción de Abdo Benítez, gracias a la articulación del candidato elegido Arnoldo Wiens desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que potenció las operaciones de la empresa asfáltica con exponencial crecimiento en utilidades netas comparadas entre el año 2017 y el cierre del ejercicio anterior (2021).

Declaración Jurada de Abdo Benítez con acciones en Aldia consignadas al asumir el cargo de presidente de la República.

El presidente Mario Abdo se ocultó detrás de su hijo del primer matrimonio, Mario Abdo Díaz Benza, a quien puso en su representación de la próspera distribuidora de asfalto de los contratistas del Estado, según el acta de asamblea de fecha 27 de abril del 2022, proveída por el Ministerio de Hacienda vía Ley de Acceso a la Información Pública.

Aldia es la principal proveedora de asfalto de las constructoras con multimillonarios contratos con el Estado, principalmente en el MOPC.

La distribuidora que pasó bajo la representación del hijo de Abdo Benítez, en el año 2021 generó utilidades netas de G. 92.647 millones, muy de la mano con el aluvión de licitaciones para obras de rutas que desde el MOPC realizó el hoy precandidato del oficialismo colorado a la Presidencia. Cabe recordar que, según escritura número 13 de la firma Aldia, protocolizada el 30/05/2018, la compañía contaba con una utilidad neta del ejercicio 2017 de G. 6.665 millones, de los cuales G. 4.000 millones fueron para integrar más acciones.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

La diferencia entre las utilidades del 2017 de Aldia, antes que Marito asuma la Presidencia, y las del 2021, es de G. 85.982 millones; es decir, en un solo período facturó 13 veces más en relación con el año de su llegada como inquilino del Palacio de López, y desde que su administración priorizara por sobre cualquier cosa la construcción de rutas de la mano de Wiens. En plena pandemia y cuyos mayores desembolsos por contratos vinieron después.

Mario Abdo Benítez tiene depositadas en Aldia SA 8.750 acciones de G. 1.000.000 cada una, totalizando G. 8.750 millones, lo que representa el 87,50% del total del capital integrado de la sociedad. Es decir, es el dueño mayoritario del negocio.

Mario Abdo Benítez incrementó exponencialmente sus activos en acciones tras su renuncia al cargo de senador nacional y antes de asumir la Presidencia de la República, como se observa en sus declaraciones de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).

Con 92.647 millones de utilidades cerró el 2021 la firma Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA), que tiene como accionista mayoritario al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que puso a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en su representación.

En el 2013, antes de ingresar a ocupar una banca en la Cámara de Senadores, el mandatario declaró que tenía acciones por valor de G. 3.000 millones en la empresa Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia). No hay que olvidar que el 1 de marzo del 2018 renunció a su función como legislador nacional, y el 15 de agosto debía empezar a ocupar la silla presidencial.

En ese contexto de renuncia, específicamente el 27 de marzo del 2018, Abdo Benítez declara ante la Contraloría que aumentaron sus acciones en Aldia y ya sumaban 4.375. Pero, en cinco meses, poco antes de su asunción, registró más acciones en la firma del rubro de rutas, pues, según su declaración jurada del 27 de agosto del 2018, sus activos en dicha firma habían subido de nuevo a 8.750 acciones.

Lo siguiente ya es historia conocida, de la mano de Wiens, el MOPC articuló un pico de licitaciones de pavimentación, y de paso la empresa del cual el Presidente es accionista mayoritario, creció 450% en importación de asfalto, entre el 2018 y el 2021.

Pero nada es chiquitaje, puesto que, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, de G. 23.515 millones en importación de asfalto en el 2018, las compras de la firma fundada por el Presidente treparon a G. 127.206 millones el año pasado.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

PODER PARA EL HIJO

Lo que se observa en el acta de la asamblea de Aldia del 2022 es que Mario Abdo Benítez, a través de un poder legal bajo escribanía, cedió su representación ante el directorio de la empresa a su hijo Mario Abdo Díaz Benza.

En el mismo documento consta que el presidente de la República tramitó una carta poder para que su hijo lo represente en Aldia ante la escribana pública Shirley Hermosa de Argaña un día antes de la asamblea, el 26 de abril del 2022, una herramienta legal estratégica para no aparecer en el negocio.

Es importante señalar que el artículo 237 de la Carta Magna habla de las incompatibilidades del presidente y vicepresidente, y cita que no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones; sin embargo, Mario Abdo encontró una salida, puso a su hijo en la empresa que vende asfalto a contratistas del Estado.

Mientras la distribuidora del presidente facturaba, el pueblo sufría

En el 2021 el Paraguay pasó por la peor etapa de la pandemia del covid-19, período en el que superó las 16.600 muertes en medio de un año de crisis sanitaria en que faltaron insumos médicos, vacunas a tiempo e infraestructura.

El hastío de la población hacia el manejo del gobierno de Mario Abdo Benítez llevó a procesos de movilizaciones ciudadanas importantes, incluso médicos salieron a las calles a reclamar insumos, poniendo en jaque al gobierno de Mario Abdo Benítez.

Pero como si fuera poco, los pocos medicamentos del Ministerio de Salud y del IPS que había para personas internadas eran comercializadas en negro en las calles, según denuncias de familiares de pacientes.

El sistema sanitario colapsó por los casos de coronavirus, los contagios no cedían, Paraguay pasó a tener una de las peores tasas de contagios del covid-19 de América Latina, y las muertes superaban récords diarios de manera continua. En este escenario, los médicos estaban agotados de ver tanta muerte, sin insumos médicos, sin vacunas y sin camas para pacientes, y la cartera sanitaria había declarado alerta roja.

La corrupción, la ineficiencia e ineficacia llevó al Paraguay a tener pico de contagios de coronavirus, que colapsaron el sistema de salud y que se llevó miles de vidas.

La gestión por la compra de las vacunas había sido un fracaso rotundo, y un claro ejemplo es que hasta ahora el Mecanismo Covax adeuda una importante cantidad al Paraguay, puesto que mantiene aún congelados unos US$ 5.670.990 de la emergencia sanitaria.

Fue finalmente gracias a la cooperación de aliados estratégicos que se consiguieron lotes de biológicos para poder inmunizar a una cantidad importante de la población. Como aquel día histórico de julio del 2021, cuando gracias a una cooperación de la Casa Blanca, arribó al Paraguay las primeras un millón de dosis de Pfizer.

COSTOS ELEVADOS

Fue un período en el que el paraguayo se volvió más pobre, se agudizó el problema de la inflación, los precios de los productos se fueron por las nubes, principalmente los de la canasta básica. Esto, claramente como consecuencia de la deficiente política energética que derivó en una serie de reajustes de los precios de combustible.

La corrupción, la desidia y las muertes marcaron el 2021, sin embargo, la prioridad de la construcción en rutas llevó a que la empresa declarada por el presidente tenga un año más productivo en materia económica

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.