La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cue­vas al frente de la Gober­nación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado.

En charla con la prensa, Cuevas indicó que “es una persecución política” en su contra. “Está el dictamen de la Contraloría, que es el único órgano de control y no La Nación y mucho menos el otro medio GEN”, refirió.

El legislador aseveró que no posee causas judiciales y que todo forma parte de una persecución política del expresidente Horacio Cartes a través de sus medios, por haber ganado en las internas coloradas al bloque de Honor Colorado.

“¡Qué va a valer mil millones mi casa! Mentira. En la foto nomás parece grande. Las puertas están abiertas para la prensa seria, no hay nada que esconder”, aseguró Cuevas.

Luego de nuestro video sobre su modus operandi en la gobernación de Paraguarí, Miguel “Merlín” Cuevas habló con la colega @MRehnfeldt y entre otras cosas dijo que tiene una humilde casita. Fuimos a conocerla y te la mostramos aquí en todo su humilde esplendor pic.twitter.com/eBDB2lJEij

— GEN (@SomosGEN) 5 de septiembre de 2018

De acuerdo a la investigación, el 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denomi­nado “Examen especial a la ejecución presupues­taria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cue­vas. En dicho informe se encuentran las conclusio­nes y recomendaciones del órgano contralor a la gober­nación para evitar que sigan repitiéndose varias irregu­laridades.

En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios regis­trados bajo código presu­puestario (se citan núme­ros), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito banca­rio correspondiente”. Asi­mismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depó­sitos mensual y consoli­dada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferen­tes distritos del departa­mento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen sal­dos pendientes a favor de la gobernación”.

“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jornales, por un total de G. 2.371.780.766, sin con­siderar los documentos exigidos por la Resolu­ción CGR Nº 653/08 men­cionados a continuación: certificado de disponibili­dad presupuestaria, cons­tancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de fir­mas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Con­traloría en otra parte de su informe final.

Según la Contraloría “existen erogaciones rea­lizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisio­nes vecinales) que no reúnen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emi­sión, las planillas de ren­dición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autori­dades, acta no actualizada de constitución de autori­dades”.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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