La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cue­vas al frente de la Gober­nación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado.

En charla con la prensa, Cuevas indicó que “es una persecución política” en su contra. “Está el dictamen de la Contraloría, que es el único órgano de control y no La Nación y mucho menos el otro medio GEN”, refirió.

El legislador aseveró que no posee causas judiciales y que todo forma parte de una persecución política del expresidente Horacio Cartes a través de sus medios, por haber ganado en las internas coloradas al bloque de Honor Colorado.

“¡Qué va a valer mil millones mi casa! Mentira. En la foto nomás parece grande. Las puertas están abiertas para la prensa seria, no hay nada que esconder”, aseguró Cuevas.

De acuerdo a la investigación, el 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denomi­nado “Examen especial a la ejecución presupues­taria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cue­vas. En dicho informe se encuentran las conclusio­nes y recomendaciones del órgano contralor a la gober­nación para evitar que sigan repitiéndose varias irregu­laridades.

En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios regis­trados bajo código presu­puestario (se citan núme­ros), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito banca­rio correspondiente”. Asi­mismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depó­sitos mensual y consoli­dada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferen­tes distritos del departa­mento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen sal­dos pendientes a favor de la gobernación”.

“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jornales, por un total de G. 2.371.780.766, sin con­siderar los documentos exigidos por la Resolu­ción CGR Nº 653/08 men­cionados a continuación: certificado de disponibili­dad presupuestaria, cons­tancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de fir­mas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Con­traloría en otra parte de su informe final.

Según la Contraloría “existen erogaciones rea­lizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisio­nes vecinales) que no reúnen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emi­sión, las planillas de ren­dición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autori­dades, acta no actualizada de constitución de autori­dades”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.